El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) manifestó preocupación por la reducción del presupuesto federal para la implementación del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial en los estados en el 2016, y consideró que este rubro no debería ser desprovisto de recursos ante su relevante contribución a la paz social.

La magistrada presidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, sostuvo que todavía no hay una medición del impacto que tendrá en Morelos la disminución de casi el 50% de subsidio federal para la implementación del Sistema de Justicia Oral, pero confió en que en el transcurso del próximo año habrá una forma de compensar la escasez de recursos.

Advirtió del riesgo de restar financiamiento al rubro de justicia penal, cuya reforma constitucional del 2008 estableció que para el 16 de junio del 2016 todo el país debe tener en operación el Sistema Acusatorio Adversarial.

“Me parece que el tema de la administración de justicia debe ser atendido con mucha acuciosidad. Espero que esta reducción sea en el proyecto inicial del presupuesto para el siguiente año, pero que en el transcurso del año mejoren las condiciones porque este es un proyecto de carácter nacional donde el paradigma de la justicia cambia”.

“Bien se decía en algún momento por algún personaje de la política que reforma sin recursos, pues es demagogia. No queremos llegar a ese punto, es un reclamo social el reclamo de la justicia, es una necesidad para mantener la armonía social para que también nuestra sociedad se sienta en tranquilidad, en confianza, de ahí que sea tan importante que se refuerce con los recursos necesarios”, dijo.

Precisó que el tribunal carga con un déficit de tres millones de pesos debido a la reducción del subsidio federal de este año, pero la mayor preocupación es que se mantenga el presupuesto proyectado para la construcción de la primera etapa del edificio de la Ciudad Judicial en el municipio de Xochitepec.

Expresó que originalmente se previó un presupuesto de 64 millones de pesos para la primera etapa de la Ciudad Judicial, y dos millones autorizados para el proyecto ejecutivo, por lo que confió en que los recursos previstos permanezcan intocados pese a la reducción del presupuesto federal para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.

Insistió en que dotar de recursos a las instituciones del sistema de justicia “no es no es un lujo, no es una cuestión frívola”, sino una necesidad.