El sistema penitenciario estatal no logra remontar las deficiencias en los centros de reinserción social y prevalece tanto la presencia de autogobiernos, como prácticas ilegales como la extorsión y los sobornos.

De acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 revelados este miércoles por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los cuatro centros de reinserción social de Morelos valorados por el organismo no muestran avances en los cinco rubros evaluados y la calificación global obtenida fue 5.49, con lo cual la entidad se ubicó, una vez más, dentro de los diez estados con peores condiciones penitenciarias.

El área femenil del penal de Atlacholoaya obtuvo la calificación más alta de los cuatro centros verificados por la CNDH, con 5.79 de puntuación; seguida por la Cárcel Distrital de Jojutla, con 5.73 de evaluación; el área varonil del penal de Atlacholoaya resultó con una puntuación de 5.27, y la Cárcel Distrital de Cuautla, con 5.17.

La calificación reprobatoria obtenida en este diagnóstico obedece a que la CNDH observó que en los cuatro centros de reinserción social prevalecen la sobrepoblación y el hacinamiento; deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos y las internas; inexistente prevención y atención de incidentes violentos; deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos y deficientes condiciones de materiales e higiene de las instalaciones para alojar a los internos, que incluyen el servicio de alimentación.

Sin embargo, la CNDH observó con preocupación las escasas condiciones de gobernabilidad en los centros penitenciarios morelenses, aunque la misma situación prevalece en todos los penales del país.

El organismo nacional notó que persisten los grupos de autogobierno, la existencia de áreas de privilegios, de sustancias y objetos prohibidos, así como internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

También detectó la presencia de cobros por parte de custodios o cobros por parte de internos que mantienen el control sobre la población penitenciaria. Además, resaltó las deficiencias en la supervisión del funcionamiento de los centros por parte del titular, es decir de los directores y los responsables del sistema penitenciario estatal.

A esto se suma la insuficiencia de personal de seguridad y custodia para traslados, cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades, así como falta equipamiento y capacitación al personal de las cárceles.

También fueron señaladas las deficiencias en la integración del expediente técnico de clasificación técnica-criminológica, en la separación entre procesados y sentenciados en dormitorios y áreas comunes, y la implementación de actividades deportivas y de capacitación para el trabajo.

En cuanto a la atención de grupos vulnerables, la CNDH resaltó que en las cuatro prisiones de Morelos evaluadas se constató desigualdad en el trato y atención entre hombres y mujeres, discriminación hacia indígenas, deficiencias en la atención médica a internos con VIH, discapacidades física y mental, y deficiencias en la aplicación de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

De acuerdo con el registro histórico de la CNDH, el sistema penitenciario estatal ha tenido un retroceso en sus condiciones de operación y respeto a los derechos humanos. En 2011 los penales de Morelos obtuvieron una calificación de 6.44 puntos; 6.23 puntos en 2012, 5.91 puntos en 2013 y finalmente, en la última evaluación, 5.49 de calificación.