Tras la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, respondió a las críticas y cuestionamientos a su designación surgidos de los nuevos diputados y la impugnación de su nombramiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos, la que promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La designación se dio con estricto apego a lo que está facultado el Congreso del estado. La Constitución local nos dice que debe haber un fiscal de combate a la corrupción y, en ese sentido, el Constituyente, el Congreso del estado, ha determinado dar ese paso de designar al fiscal especializado. En ese sentido no le veo dónde pueda existir una acción de inconstitucionalidad o una injerencia, o alguna situación que pudiera dar motivo o cause a una controversia constitucional. Por eso es que estoy con total tranquilidad y muy seguro de que no va a haber ninguna acción para echar abajo la designación”, dijo.
Sobre un posible conflicto de intereses por haberse desempeñado antes del nombramiento de fiscal anticorrupción como consejero jurídico del Poder Ejecutivo estatal, Salazar Núñez manifestó que no existe ningún conflicto de esta naturaleza porque fue el Congreso el que determinó que él cumplía con el perfil para encabezar las investigaciones sobre hechos de corrupción y consideró que está en manos de los diputados dotar a esta fiscalía del marco legal que le permita ejercer sus funciones con total independencia e imparcialidad.
“Si se requiere el andamiaje legal para el funcionamiento de la fiscalía y que el Constituyente nos dé la posibilidad de que la fiscalía especializada funcione con autonomía técnica y de gestión para el efecto de que goce de independencia de cualquier poder público, no tan sólo del Ejecutivo, porque también el Legislativo, pues al haberme designado, pudiera en un momento tratar de intervenir en los asuntos de la fiscalía o del sistema (anticorrupción)”, expresó.
“Creo que nos debemos de ocupar todos los actores quienes estamos dentro del sistema y de quienes habrán de legislar, en crear ese andamiaje legal, y que le dé certeza y seguridad en el encargo al titular de la fiscalía y a quienes habrá de componer la fiscalía y a todos los integrantes del sistema anticorrupción, para que tengan la certeza de que no serán víctimas de algún tipo de venganza o represalia de tipo político y pues tengan la certeza todos de que su trabajo y sus decisiones serán respetadas”, explicó.
Informó que, por el momento, el Poder Ejecutivo prestó un bien inmueble de su propiedad para comenzar los trabajos de instauración de la fiscalía anticorrupción y se está en espera de que la Secretaría de Hacienda estatal disponga de recursos financieros necesarios, conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional, para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
