La presidenta del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, señaló que los visitadores estuvieron al pendiente del paro de labores realizado el lunes por policías de Cuautla adscritos al Mando Único, quienes se quejaron de malos tratos y malas condiciones laborales.

“Ellos tienen muchas inconformidades de la forma en el trato, de la forma en que les pagan, de cómo los obligan a determinadas jornadas de trabajo, donde no les dan permiso ni cuando se enferman o tienen determinadas situaciones, que lógicamente pues es ya una situación que ha venido deteriorando la comunicación que se tiene con sus superiores”, explicó.

Consideró necesario que el representante de la Comisión Estatal de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, escuche a los elementos y a partir de ahí tome decisiones, de otra manera el conflicto persistirá y afectará la prestación del servicio.

“Nosotros lo que consideramos es que en un problema se deben escuchar las dos partes. Los policías también tienen derechos humanos y se les debió de escuchar, se les debió de verificar qué es lo que están pidiendo, qué es lo que está pasando. Se debe pedir un informe de las circunstancias para que ellos puedan atender de fondo el problema”, dijo.

Expresó que los policías también se duelen de que mientras las autoridades usan el discurso de la profesionalización de la corporación, la mejora salarial y la dotación a las policías de equipo, la realidad de los elementos es distinta, se quejan de constante acoso laboral y amenazas permanentes de despido.

“El comisionado tuvo a bien platicar con mis visitadores, comentarles cómo están. Se va a pedir un informe y esperamos que con el informe y las medidas precautorias, se pueda entablar alguna mesa de diálogo en la que puedan ser escuchados los policías, donde no vaya haber represalias porque ellos tienen el temor fundado de que después de esto, pueda haber represalias en contra de los que hicieron el paro”, manifestó.

Insistió que en caso de que las autoridades de la CES no escuchen, dialoguen y atiendan los argumentos de las partes en conflicto, el problema podría escalar y poner en riesgo la seguridad pública en la entidad.