Los recién designados magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Manuel García Quintanar y Roque González Cerezo, no podrán ejercer su labor jurisdiccional hasta que los poderes Ejecutivo y Legislativo doten a la institución de presupuesto para contratar personal adicional, adquirir mobiliario y arrendar un espacio para acondicionar nuevas oficinas, así como para homologar los salarios de trabajadores con respecto a los del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
A ocho días haber tomado protesta, la labor de los nuevos magistrados está limitada a conocer y votar de los asuntos planteados en el Pleno del TJA, pero ninguno de los dos puede ejercer en pleno las funciones para las cuales fueron designados.
Cuestionado al respecto, el magistrado presidente del TJA, Martín Jasso Díaz, expresó que por el momento ninguno de los nuevos magistrados está posibilitado legalmente para conocer y mandatar acciones en juicios administrativos, porque no cuentan con la estructura para hacerlo.
“No pueden conocer de asuntos, en el sentido de desarrollar un proceso, puesto que si bien son designados magistrados, ellos, conforme a las leyes mexicanas, no tienen fe pública y para ello necesitan necesariamente del fedatario público que es el secretario de acuerdos. Por tanto, ellos no podrían funcionar en cuanto al proceso.
“De momento se tomó un acuerdo de Pleno, donde no se les haga entrega de demandas en tanto no estén debidamente instalados. Ya instalados, pues ellos tendrán que asumir el cargo de demandas que compense su trabajo, es decir, por el lapso del tiempo en que estén inactivos se les compensará posteriormente con la entrega de demandas”, dijo.
Jasso Díaz explicó que sus homólogos, aunque por el momento no tienen a cargo procesos administrativos y sus salas están inactivas, forman parte del Pleno y, por lo tanto, se les corre traslado sobre los asuntos de las otras salas para efecto de que conozcan y se pronuncien sobre los proyectos.
Detalló que la sede que ocupa el TJA (en una plaza comercial del Centro Histórico de Cuernavaca) no tiene espacio para acondicionar nuevas oficinas y por ello los nuevos magistrados no están permanentemente en el tribunal.
“Como no tenemos presupuesto para darles una instalación digna conforme a su cargo, ellos, de momento, están presentándose al Tribunal para tomar el expediente, analizarlo; se les brinda un espacio pequeño, pero permanentemente no están aquí”, dijo.
La presidencia del TJA solicitó al Congreso y al gobierno de Morelos un presupuesto adicional de 28 millones de pesos para homologar los salarios de trabajadores y magistrados con los del TSJ conforme se estableció en el artículo transitorio decimoquinto de la reforma constitucional para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción, así como para solventar los emolumentos de los dos nuevos magistrados y su personal, comprar equipo y mobiliario y arrendar más oficinas.
