La SCJN enlistó para su próxima resolución dos nuevos incidentes de inejecución por el incumplimiento de otras sentencias de amparo por parte del ayuntamiento de Emiliano Zapata, pero esta vez son señalados como autoridad responsable los integrantes del cabildo.
En el primer incidente de inejecución, el Tercer Tribunal Colegiado, con sede en Cuernavaca, determinó la contumacia (reiterado incumplimiento) de las autoridades municipales para ejecutar el fallo protector concedido por el Juez Séptimo de Distrito a una particular en el juicio de amparo 1300/2013, en el que se ordenó al ayuntamiento devolver a la quejosa el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y el tributo adicional del 25 por ciento.
Ante el incumplimiento, el tribunal federal consideró fundado el incidente y lo turnó a la SCJN con la propuesta de destitución de todo el cabildo.
“(…) se tiene que conforme a las actuaciones que integran el juicio de donde deriva el cuaderno en que se actúa, se desprende que tanto la autoridad responsable, como su superior jerárquico no han dado cumplimiento al fallo protector, a pesar de haber agotado el procedimiento previsto en la Ley de Amparo, como lo establecen los artículos 192 y 193; por tanto, ante la contumacia tanto del Tesorero como del presidente municipal y cabildo, todos de Emiliano Zapata, Morelos, por su inexcusable cumplimiento a la sentencia de amparo, este tribunal considera proponer a la Superioridad la separación del cargo de dichos funcionarios al no acatar la sentencia de amparo respectiva”, dice el proyecto de tribunal federal cuya copia tiene La Unión de Morelos.
También la SCJN tiene enlistada la resolución del incidente de inejecución por incumplimiento de la sentencia de amparo 1485/2014 dictada por el Juzgado Sexto de Distrito, en la que se ordenó la devolución a un particular el importe pagado por Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI); el equivalente al 15 por ciento de apoyo educación; el equivalente al cinco por ciento Prouniversidad; y el equivalente al cinco por ciento del impuesto Proindustria.
En este caso se acusa de desacato a un mandato judicial sólo al presidente municipal de Emiliano Zapata y al responsable de la tesorería local.
En la sesión del 25 de agosto el Pleno de la SCJN, por una mayoría de nueve votos y uno en contra, resolvió 11 incidentes de inejecución que derivaron en la destitución del edil y la tesorera, así como su consignación ante los jueces federales para ser sometidos a proceso penal por el presunto delito de desacato de un mandato judicial federal.
Esto implica que el todavía edil (quien dejará de serlo una vez que llegue al ayuntamiento la notificación de la SCJN) podría enfrentar, además de los 11 procesos penales, otros dos adicionales.
