Derivado del desacato de la sentencia dictada en el expediente TCA/1aS/139/2012, que ordenó al ayuntamiento de Jonacatepec pagar un monto de 220 mil pesos a cuatro elementos de seguridad pública despedidos, el tribunal implementó diversas medidas de apremio como amonestaciones, multas y arrestos al edil, y varios servidores públicos municipales.

Al agotarse los apercibimientos y ante la contumacia, el tribunal ordenó la destitución del presidente municipal, Marcos Aragón Reyes; el síndico municipal, Jesús Contreras Trinidad; el tesorero municipal, Adolfo Barreto Vara; el responsable de Seguridad Pública y Tránsito, Gonzalo Lora Cortés; y el asesor jurídico del ayuntamiento.

El presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Martín Jasso Díaz, confirmó la orden de destitución la cual está en vías de notificación a los funcionarios cesados y al ayuntamiento para efecto de que sean llamados los suplentes del edil y el síndico municipal.

“No se ha encontrado respuesta positiva de las autoridades y por tanto se está decretando la destitución del cargo de ellos, se está engrosando el expediente, se mandará a notificar al ayuntamiento para que se proceda en términos de la Constitución Política del Estado de Morelos, es decir, el llamado a los suplentes respectivos y se avoquen al ejercicio del cargo”, explicó.

Recientemente, el encargado del área de Seguridad Pública municipal de Jonacatepec fue destituido por la Tercera Sala de este tribunal, sin embargo, continúa en el cargo gracias a una suspensión otorgada por un tribunal colegiado.

También el edil y los funcionarios destituidos pueden recurrir al juicio de amparo para evitar la separación del cargo.

En este tribunal se encuentran en curso otros casos similares en los que los presidentes municipales e integrantes de los cabildos están en riesgo de ser cesados.

El caso del alcalde suplente de Puente de Ixtla, Santiago Rodríguez Vivar, y los integrantes del cabildo, es el más próximo, en virtud de que la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, los apercibió con la destitución por negarse a cumplir con la sentencia que ordenó el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada de dos elementos policiacos.

Los municipios de Ayala y Zacatepec podrían en breve tiempo encontrarse en la compleja situación si tampoco cumplen con las sentencias de este tribunal.