La mañana de este miércoles, el edil designó como su defensor al especialista en derecho penal a Cipriano Sotelo Salgado, quien sugirió a Martínez Varela abstenerse de ejecutar acciones como alcalde y delegar funciones para evitar futuras impugnaciones a los actos de autoridad, pues si bien pasarán varios días para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notifique su separación del cargo, es notoria y pública la determinación de los ministros del Alto Tribunal.
Luego de que por mayoría de votos el Pleno de la SCJN resolvió 11 incidentes de inejecución y decretó la destitución del edil y la otrora tesorera Liliana García, y su consignación ante los jueces para que enfrenten sendos procesos penales, explicó que pedirá a las autoridades jurisdiccionales la acumulación de los procesos en un solo juzgado y que sean conocidos por el juez de los distritos Primero, Tercero, Cuarto u Octavo, en virtud de que éstos no conocieron de ninguno de los incidentes de inejecución que derivaron en la destitución.
Indicó que una vez que se haga frente a la consignación e inicien los procesos penales, se aportarán los medios de prueba para demostrar que no se cometió una conducta delictiva y menos de tipo dolosa, e incluso se buscaría la exoneración.
“Aquí, desde luego, el tipo penal, lo que es el delito, exige necesariamente una conducta dolosa, no una conducta culposa. De tal manera, seguramente estaremos analizando que no hay dolo en falta de cumplimiento, sino más bien pudiera en todo caso existir una omisión, eso no es sancionable penalmente”, dijo y señaló que Varela Martínez estará en condiciones de acreditar que ejerció acciones para intentar dar cumplimiento a los juicios de amparo.
Sotelo Salgado indicó que será cuestión de días cuando llegue la notificación de la SCJN sobre la separación del cargo del edil y la apertura de los procesos penales, los cuales serán complejos y durarán no menos de un año.
“Va (a) ser sumamente complejo, no hay antecedente en toda la historia de México de casos reiterativos; ya hay un antecedente en Querétaro de uno solo, y aquí son 11 casos y seguramente también es un parteaguas para toda la justicia del todo el país.
“Morelos, en un 99% (de sus municipios), está en las mismas circunstancias. Entonces no dudemos que en cualquier momento se determinen desacatos de otros presidentes municipales, que estarían en la misma hipótesis. Ahora bien, se debe dejar muy bien en claro que aquel presidente municipal que esté pensando prolongar un juicio, tratando de que le explote la bomba al que llegue, está en un error. Lo que se sanciona es el desacato y aun cuando ya no sea presidente municipal o tesorero, aun cuando esté ocupando otros espacios, en otra administración o en la iniciativa privada, puede ser, desde luego, jalado penalmente para hacerle frente a una acusación”, subrayó.
Cipriano Sotelo, quien también representará a Liliana García Ortega (a quien la SJCN también declaró en desacato y ordenó su consignación), indicó que al parecer ella había renunciado al cargo de tesorera, justamente por la falta de recursos del ayuntamiento para hacer frente a obligaciones legales. Pero a pesar de ello, tendrá que enfrentar los procesos penales.
