En este sentido, manifestó que la mencionada ley “no puede surgir de forma espontánea”, sino nacer de “un proceso participativo, transparente e incluyente en la forma más amplia posible”, para que tenga legitimidad jurídica y social. 

El también politólogo y consultor en temas de derechos humanos y protesta social manifestó: “se han impulsado tanto la Ley Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y algunas leyes a nivel local en los estados, así como mecanismos de protección para proteger el ejercicio periodístico, el activismo y la libertad de expresión, el derecho a la información”, debido a que los ya existentes, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, se han visto rebasados en esta defensa, por lo que en el país “existe la necesidad de que se desarrollen distintos mecanismos y medios que garanticen la seguridad, la vida la integridad y el desarrollo de los periodistas y los defensores de derechos humanos”.

Espinoza Hernández citó el caso de Morelos, “donde existe un mecanismo de protección que hoy es un decreto, por eso es necesario que exista el interés por parte de las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo de impulsar una ley en la materia, pero ésta debe cumplir con el principio de transparencia, pues ésta no puede aparecer de un momento para otro y de forma espontánea”.

Reiteró que es importante que haya un proceso participativo de los actores involucrados y “tomar en cuenta las leyes que hay en otras entidades federativas y en la misma ley federal, pero también se deben revisar los errores cometidos y aprender de ellos”. Aunque también reiteró, como lo hizo Jade Ramírez, ex consejera del mecanismo federal, que sólo debería haber una sola ley marco para que no se deslinde la responsabilidad al estado mexicano, o lo que es el gobierno federal, de proteger a quienes día a día ejercen el derecho a informar.

Otros aspectos que se deberán incluir para garantizar que la ley se pueda aplicar bien, es que “no sea únicamente reaccionaria sino que se deben incluir mecanismos de atención integral, prevención y sanción, es decir qué va a pasar con quienes atentan en contra de los periodistas y activistas, y en contra del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información”, finalizó Raymundo Espinoza.