La designación de por lo menos 20 puestos para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción ha causado una disputa entre los coordinadores parlamentarios y puesto en riesgo la apertura de un periodo extraordinario de sesiones que se llevaría a cabo para la integración de las nuevas instituciones.
Durante la reunión de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, ayer, se confirmó la integración de un bloque de por lo menos 11 diputados que negocian puestos al interior de la Nueva Fiscalía Anticorrupción y una magistratura en el recién creado Tribunal de Justicia Administrativa.
Dentro de los puestos que se negocian se encuentran tres magistraturas (dos del Tribunal administrativo y un supernumerario del Tribunal Superior de Justicia), cinco consejeros del Comité de Participación Ciudadana, tres contralores para los institutos Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) y de Información Pública y Estadística (IMIPE), así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.
Este grupo de legisladores, encabezados por Alfonso Miranda Gallegos, David Rosas y Roberto Yáñez Moreno, además, ha manifestado abiertamente su posición en contra de la privatización de los servicios públicos de alumbrado y recolección de basura.
Sin embargo, esta postura ha puesto en riesgo la apertura de un periodo extraordinario de sesiones, pues los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han manifestado la conveniencia de que sea la próxima legislatura la que integre el Sistema Estatal Anticorrupción y evitar con esto, una ruptura al final de la legislatura, por la negociación de los puestos en las nuevas instituciones públicas.
Ayer, al final de la reunión de la Junta Política y de Gobierno, el diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de este órgano político, confirmó que no hay acuerdos para convocar a sesión extraordinaria.
Incluso, aseguró que la labor de la LII Legislatura, en materia de transparencia, se cumplió con la declaratoria de validez constitucional que se emitió hace dos semanas, con la que entró en vigor el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que sería conveniente que los próximos diputados trabajen en la integración de los órganos y dependencias estatales.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Lucía Meza Guzmán –quien participó de la reunión de la Junta Política–, afirmó que de no haber acuerdos en la Diputación Permanente de esta semana, convocará al inicio de los trabajos de entrega-recepción el próximo 27 de agosto, con lo que concluirían de manera formal las actividades legislativas.
En tanto, ayer, en la Junta Política y de Gobierno se acordó continuar con el proceso de elección de propuestas para integrar las instituciones en materia de transparencia y corrupción, a fin de concluir o dejar en avance dicho proceso.
Por lo anterior, este miércoles comparecerán los aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y del Comité de Participación Ciudadana.
