Este proyecto podría ser impulsado en el inicio de la LIII Legislatura –el próximo 7 de septiembre– a propósito de la renuncia del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado y sería una copia del modelo de la Fiscalía que opera en Chihuahua, "con mayores facultades y responsabilidades", confirmó la diputada perredista, Hortencia Figueroa Peralta.

Sin embargo, con esta reforma se plantea una reestructura en la administración pública, ya que se contemplaría la desaparición de la Comisión Estatal de Seguridad, pues sus facultades estarían ahora a cargo del "súper fiscal", quien coordinaría el Mando Único y todo el Centro de Comandos (C5).

"Ya en otros estados de la república ha sido conveniente avanzar a este esquema y lo estaremos revisando. Es parte de las iniciativas que habrán de integrar nuestra agenda legislativa y ya lo estaremos revisando con los diputados integrantes del grupo y, por supuesto, también con el propio Ejecutivo", informó la virtual coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Hortencia Figueroa Peralta.

Para lograr todo ello, el titular del Ejecutivo Graco Ramírez Garrido Abreu tendría que designar a una persona de su confianza, por lo que también se establecerían, dentro de la reforma, nuevas facultades al gobernador para designar al fiscal general, aunque esta determinación tendría que ser aprobada por las dos terceras partes del Congreso del estado, tal y como sucede en Chihuahua.

Sin embargo, en la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado se determinaría como una dependencia del Poder Ejecutivo, "encargada de las áreas de Seguridad Pública y Prevención del Delito; Investigación y Persecución del Delito; Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito; y Ejecución de Penas y Medidas Judiciales".