Ayer por la tarde, la fiscal especial contra el Secuestro y la Extorsión, Adriana Pineda Fernández, y el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, ofrecieron una conferencia de prensa en defensa de un policía que la madrugada del 26 de julio fue detenido por el Mando Único junto con otro hombre, como sospechosos de perpetrar un asalto a invitados de una fiesta que se realizaba en el Barrio de Gualupita, en la capital del estado.
De acuerdo con la fiscal especial, Adriana Pineda Fernández, se corroboró que ni el policía acreditable, comisionado a la Unidad Contra el Secuestro y la Extorsión, ni su acompañante, estuvieron involucrados en el delito.
Explicó que ambos estuvieron en un establecimiento del centro comercial Las Plazas, en cuyo estacionamiento aparcaron su auto, un Chevy color blanco, alrededor de 10:00 de la noche del 25 de julio y salieron de ahí cerca de las 00:12 horas del día 26 con rumbo a la avenida Atlacomulco, y justo enfrente del parque Acapantzingo fueron detenidos en un puesto de revisión.
Los policías inspeccionaron el auto y no encontraron las pertenencias robadas a las víctimas, sin embargo, permanecieron detenidos porque el agente acreditable portaba su arma de cargo (lo que según Pineda Fernández, le está permitido al personal adscrito a su fiscalía) y porque las víctimas de asalto habían reportado que los ladrones habían huido también en un Chevy color blanco.
Detalló que con las imágenes obtenidas a través del sistema estatal de videovigilancia y las cámaras de seguridad de algunos establecimientos, no se les ubicó en la escena del crimen y la descripción que los afectados dieron de los delincuentes no coincidía con los detenidos, pues según los testimonios los delincuentes vestían pantalones de mezclilla, uno de ellos una chamarra negra y el otro con playera color verde, mientras los detenidos tenían vestimenta distinta.
Precisó que la juez de control decretó ilegal la detención porque no había indicios de su participación en el hecho, y la única coincidencia era que viajaban en un auto blanco.
Incluso, señaló, “las primeras manifestaciones que hicieron las propias víctimas en las actas y entrevistas que refieren en algunas de ellas, dicen que son dos sujetos (los asaltantes) y en otras dicen que son tres sujetos, tampoco aportan una descripción concordante con las características fisionómicas de los involucrados y es por eso que ella (la juez) determina una detención ilegal y nos ordena su inmediata libertad”.
Sube tensión entre CES y FGE
Tras las aclaraciones, el comisionado Alberto Capella Ibarra, abonó a la defensa del policía acreditable y acusó directamente a la Fiscalía General del Estado de actuar dolosa, infame y perversamente al adelantar juicios, aún cuando había muchas dudas sobre lo sucedido.
“Lamento profundamente la actitud dolosa, perversa, infame, del licenciado Ricardo Flores, director de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía, que de mutuo propio o apoyado por el superior, no sé, presumo, emite un serie de declaraciones ante algunos medios particularmente del orden nacional, distorsionando una serie de hechos y asegurando algunas circunstancias que para todos los que estuvimos involucrados, en el primer momento no eran claras”.
“Esto habla de que esa perversidad, esa infamia, esa actitud dolosa, va en función del desafortunado golpeteo que se ha pretendido generar desde hace algunas semanas, que es públicamente conocido, en donde se pretende denostar el esfuerzo en materia de seguridad pública que esta institución ha estado desarrollando”, dijo.
Consideró que la detención del policía y su acompañante fue una confusión, sin embargo, no hubo ningún exceso o abuso por parte de los elementos aprehensores y sostuvo que en otros puestos de revisión fueron inspeccionados otros automóviles blancos.
Lamentó que la Fiscalía estatal haya manipulado mediáticamente el caso, violentado los derechos de dos personas y que anden sueltos por lo menos tres delincuentes que no han sido presentados por ninguna institución ante la justicia, lo que vulnera la tranquilidad de los ciudadanos y genera un llamado de alerta a los municipios de la zona metropolitana para encontrar a estos criminales.
Afirmó que como titular de la CES ha sido el primero en poner a disposición a elementos traidores que han cometido delitos, pero “lo que yo no voy a permitir es que funcionarios con ese nivel de perversidad, atendiendo otro tipo de intereses manchen el esfuerzo que realiza el titular del Ejecutivo, el señor gobernador del estado, y todas las personas, funcionarios públicos, que están realizando en realidad su trabajo”.
Y cuestionó así a la Fiscalía: “Yo pregunto, ¿dónde, cuándo, de forma transparente, la Fiscalía de Justicia del Estado (sic) ha dado una conferencia de prensa para decir la efectividad que tiene en las carpetas que consigna ante la autoridad judicial? ¿cuándo la Fiscalía ha emitido un comunicado para disciplinar, o de cara a la sociedad decirles si sus elementos de investigación criminal, sus policías, están cumpliendo con su trabajo?”.
“¿Cuándo de manera transparente, como lo hemos hecho nosotros, se ha puesto a disposición una autoridad judicial a un elemento de investigación criminal, o algún Ministerio Público o algún secretario de acuerdos que no haya cumplido con su función?. Esa información hay que exigirla, que yo la solicito, que yo la pido, si nadie se anima a hacerlo, yo lo estoy haciendo”.
Desde hace meses los titulares de la FGE y la CES, así como algunos mandos de ambas instituciones, tienen una relación tensa y en algunos ámbitos ha incidido en la falta de coordinación. Hace poco, el fiscal estatal, Rodrigo Dorantes Salgado, acusó a Capella Ibarra de “grillarlo” dentro y fuera del gabinete estatal, y de haber pactado con algunos abogados, posiciones dentro de la Fiscalía. En respuesta, Capella Ibarra había rehusado dar su opinión, en lo que dijo, eran sólo chismes y grillas, sin embargo, con su pronunciamiento dejó en claro la discordancia entre la CES y la Fiscalía.
