El presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, Javier Bolaños Aguilar, recordó a los 33 alcaldes su obligación de aplicar el programa del alcoholímetro, con el fin de reducir el número de accidentes automovilísticos a causa del consumo del alcohol.

Señaló que a partir de la aprobación de diversas reformas a leyes locales para la implementación de este programa, desde el 11 de marzo pasado empezó a correr el plazo de los 120 días hábiles para que los gobiernos municipales aprobaran modificaciones a su reglamento, que serviría como marco normativo para llevar a cabo la prueba de la alcoholimetría.

Por lo anterior, dijo, legalmente se terminan los tiempos a las autoridades municipales, pero también al gobierno del estado, para cumplir con su obligación, pues la intención es reducir accidentes a causa del consumo de bebidas embriagantes.

Según las modificaciones a diversas leyes, entre las cuales destaca la de Tránsito, se señala que se aplicarán sanciones económicas de hasta 13 mil 200 pesos, así como el arresto corporal hasta por 36 horas, a quienes conduzcan un vehículo bajo la influencia del alcohol.

De tal forma que se derivan los siguientes parámetros para aplicar una multa: por conducir un vehículo en vía pública con parámetros de 0.25 a 0.40 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, o bajo el influjo de narcóticos, las sanciones van desde los 150 hasta los 200 días de multa de salario mínimo vigente; y de 12 a 24 horas de arresto administrativo a quien conduzca con parámetros de 0.41 a 0.65 mg de alcohol por litro de aire aspirado; asimismo, se aplicarán las penas corporales más severas, como el arresto de 24 a 36 horas, para aquellos que excedan los 0.65 mg de alcohol.

También se establecieron obligaciones para el Poder Ejecutivo, como el de auxiliar a los ayuntamientos para la implementación del multicitado programa y, sobre todo, capacitar a los elementos del Mando Único, a través de la Comisión Estatal de Seguridad, a fin de que se coordinen con las autoridades municipales para realizar los operativos de supervisión y aplicación de la prueba de alcoholimetría.

Los ayuntamientos también deberán vigilar los negocios que vendan bebidas embriagantes, pues en el Código Penal del Estado se establecieron sanciones para quienes expendan alcohol a menores de edad, mismas que van de los cinco a los diez años de prisión y de 300 a 500 días de multa.

El legislador Javier Bolaños Aguilar confió en que cada autoridad competente cumpla con su obligación, pues es una realidad que se requiere de la aplicación del alcoholímetro.