Han transcurrido cuatro años de aquella fatídica tarde del domingo 1 de mayo de 2011, cuando, derivado de una riña en el área de comida de la Feria de Cuernavaca, Jethro fue detenido por policías municipales que lo acusaron de amenazarlos y hacerse pasar por supuesto integrante del crimen organizado; luego fue entregado a policías federales y posteriormente a miembros del 21 Batallón de Infantería, quienes lo llevaron a la sede militar en Cuernavaca, donde presuntamente murió producto de la tortura y su cuerpo fue inhumado clandestinamente en Atlixco, Puebla.

Tras obtener un amparo para efectos, recientemente el Juzgado Segundo de Distrito confirmó el auto de formal prisión por el presunto delito de abuso de autoridad al ex jefe militar Leopoldo Díaz Pérez. También los dos militares implicados directamente en la desaparición, tortura y homicidio de Jethro obtuvieron un amparo similar y la justicia federal ratificó el auto de formal prisión.

De acuerdo con la defensa legal de la familia de Jethro, esto implicó prácticamente el reinicio del proceso penal abierto desde junio de 2011 contra los presuntos responsables, luego de que la presión mediática y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos obligaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a aceptar los hechos, aunque con férrea resistencia a dejar que los elementos fueran juzgados por tribunales civiles.

Ante el reinicio de los procesos penales, la defensa de los militares tendrá la oportunidad de presentar y desahogar nuevas pruebas, y por lo tanto el proceso judicial se prolongará indefinidamente.

Según la representación legal de la familia de la víctima, no se tiene un tiempo estimado para que concluya el proceso y se llegue a una sentencia, pero consideró que los imputados están en su derecho de ejercer los recursos de defensa necesarios y es de suma importancia que los procedimientos se desahoguen impecablemente para que la justicia alcance a quienes trucaron la vida de Jethro Ramsés, quien al morir apenas tenía 26 años.