El vocero de la organización no gubernamental, José Martínez Cruz, celebró la aprobación, con 21 votos de esta nueva legislación, que fue impulsada por agrupaciones civiles defensoras de derechos humanos, sindicatos y familiares de personas desparecidas.

Dijo que es un primer paso para enfrentar legalmente el flagelo de la desaparición forzada y destacó que finalmente este delito se tipificó en la norma local como delito imprescriptible y se prohibió en forma tajante a los servidores públicos denegar el acceso a personal de organizaciones internacionales de derechos humanos a edificios o instalaciones en donde se presuma se puede estar cometiendo el delito de desaparición forzada.

También, recalcó Martínez Cruz, refuerza la coadyuvancia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos con el Ministerio Público en la investigación del delito de desaparición forzada,  establece medidas cautelares para su búsqueda y localización de las víctimas, propone conformar un grupo interinstitucional y multidisciplinario entre servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, instituciones educativas y grupos de la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, así como expertos en materia de desaparición forzada.

Sin embargo, el activista destacó que también hay vacíos y omisiones en la ley aprobada, ante la modificación del proyecto de ley originalmente presentado e impulsado por las organizaciones y familiares de desaparecidos.

Detalló que en la ley se omitió constituir la declaración de ausencia de personas desaparecidas, estableciendo quiénes pueden denunciarlo o solicitarla; se excluyó la forma de implementar el protocolo de prevención, atención e investigación de la desaparición forzada, y tampoco se incluyó la propuesta de 40 a 60 años de prisión inconmutable, la inhabilitación definitiva de cargo e imposibilidad de ocupar un cargo de elección popular a los servidores públicos que participen directa o indirectamente en este delito.

“Analizaremos en ese sentido tanto los aportes que sientan precedente a nivel nacional, como las omisiones o limitaciones que tiene la ley aprobada con respecto a la iniciativa originalmente formulada, sobre todo en términos de investigación, sanción, declaración de ausencia y las modificaciones a la propuesta de mecanismo garante”, expresó.

“Sin embargo, se ha dado un paso para saldar la deuda histórica por este delito de lesa humanidad. Esta ley local puede contribuir a fortalecer, en un momento dado, la tan anunciada Ley General que el Congreso de la Unión deberá de aprobar en un máximo de seis meses y, sobre todo, lograr cambiar las políticas represivas del Estado que son las que provocan las desapariciones forzadas.

“Todo lo anterior son avances significativos para enfrentar el delito de lo que hoy conocemos por desaparición forzada de personas, que ya fue previsto en 1994, en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas”, afirmó.

José Martínez confió en que la siguiente legislatura tendrá interés y prioridad en corregir las deficiencias y omisiones, con la finalidad de que la ley sea efectiva y brinde todas las garantías a las víctimas y sus familias para que puedan tener acceso a la justicia y a la reparación integral del daño.

Exige a fiscal investigar paradero de su hijo

Frente al memorial en honor a las víctimas de la violencia, colocado en las puertas de Palacio de Gobierno, Nicolasa Barrera Bahena exigió a la Fiscalía acelerar las investigaciones sobre el paradero de su hijo Cristian Barrera, quien desapareció el pasado 2 de julio.

Narró que ese día, su hijo trabajaba en un taller mecánico, hasta donde llegaron dos hombres, con quienes salió del lugar, supuestamente para revisar un automóvil, y no regresó.

Detalló que ante la ausencia acudió a la Fiscalía a iniciar una denuncia por desaparición, pero el agente del Ministerio Público la asentó como extravío de persona y no incluyó sus declaraciones, con la información proporcionada por los compañeros de Cristian.

Al transcurrir 18 días sin saber nada de su hijo, exigió al fiscal estatal, Rodrigo Dorantes Salgado, acelerar la búsqueda de su hijo y hacer todo lo posible para dar con su paradero.