El ordenamiento hecho por el gobierno federal para auditar a los ayuntamientos, a los tres poderes del Estado y a los organismos descentralizados, se emitió desde el mes de mayo pasado para concluirse en un plazo de tres meses, plazo que vencerá el próximo mes de agosto. Sin embargo, fue hace dos semanas cuando el Congreso del estado ordenó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización su aplicación, como por ley se marca.

Al respecto, la diputada Lucía Meza Guzmán afirmó que a pesar del retraso, este proceso será una actividad continua para supervisar el buen ejercicio de los recursos públicos.

“La intención de realizar auditorías internas al sector público de nuestro estado, es la de poder determinar la deuda pública al 27 de mayo de este año. La instrucción al auditor general de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, va en el sentido de determinar si los recursos tanto federales como locales han sido utilizados para el beneficio y desarrollo de la ciudadanía en cada una de las entidades”, señaló.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado refirió que se trata de una obligación de la auditoría, pero sobre todo de las entidades públicas, pues se trata de deudas que actualmente pagan con recursos públicos.

"Cada entidad tiene una misión y una visión que cumplir, tanto en dirección de recursos como en servicio, y es obligación de quienes fiscalizan el recurso seguir procesos y dictaminar las fallas, y de quienes los ejercen documentar que fueron utilizados de manera correcta”, añadió la legisladora local.

Por lo pronto, garantizó que los resultados de las auditorías especiales concluirán en el tiempo fijado por el gobierno federal, para conocer cuál es el estado de la deuda pública, tanto en municipios como en el Poder Ejecutivo, y todas aquellas entidades públicas que hayan contratado deuda.