La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez, consideró justo el rechazo expresado por la comunidad universitaria a la reforma aprobada por los diputados hace una semana –con 25 votos a favor y uno en contra–, en virtud de que fue una reforma precipitada, sin consulta y consensos de la sociedad, sobre todo sin considerar las repercusiones y requerimientos tanto normativos como económicos para implementar el sistema anticorrupción.

Sostuvo que la aprobación de la reforma constitucional “no es una decisión acertada por parte del Congreso, en el sentido de que se hubiera establecido este tipo de reformas, sobre todo porque no tenemos la ley secundaria que reglamentaría esta ley general anticorrupción”.

Dijo que se analizará la posibilidad de controvertir la reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero no porque se opongan a la transparencia y rendición de cuentas, sino porque se realizó con premura, sin consenso social y sin prever el impacto.

“Las cosas tienen su tiempo y su análisis, hay que ser muy cuidadosos en el momento de lanzar una propuesta de reforma y sobre todo de implementarla. ¿Por qué? Porque una reforma de este calado requiere de un análisis profundo, tal es así que solamente se habla de la separación Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, se establece que se van a designar dos magistrados más para que sean cinco, se establece que se va a dar mayor presupuesto para tener operatividad, pero no para en eso la cosa.

“A un tribunal hay que darle una estructura normativa, una estructura operativa, una estructura funcional, para que realmente pueda rendir los frutos que se esperan a través de una reforma de esta naturaleza”, argumentó.

Lara Chávez lamentó que el Congreso haya tomado una decisión precipitada y que no haya consultado a la sociedad y a las instituciones que de manera directa o indirecta se verán afectadas.

“Me parece que fue muy precipitada la decisión del Congreso. De hecho, el pasado miércoles que se decide, para todos quienes estamos de alguna manera involucrados en el tema, fue una sorpresa porque nunca se nos comentó el tema, nunca se nos pidió opinión y mucho menos pensar en una mesa de trabajo.

“Yo entiendo que cada ente de poder tiene su propio ámbito de competencia y no podemos, ni debemos, invadir esas competencias. Pero eso no obsta para que nosotros hubiéramos podido tener conocimiento y poder abonar con esta intención de combatir la corrupción, pero no de esta manera que nos da pensar otras cosas”, concluyó.