El Consejo Estatal de Abogados del Estado de Morelos criticó la aprobación al vapor de las reformas a la Constitución local para crear el sistema estatal anticorrupción y pidió a los ayuntamientos manifestarse en contra, porque fueron modificaciones sin consenso y sólo para acaparar cargos públicos.

El catedrático universitario e integrante del consejo de litigantes, Héctor Roberto Vargas Gómez, afirmó que la reforma fue realizada “fast track”, a pesar de que el Congreso tenía hasta mayo de 2016 para concretarla y poder realizar foros de discusión con todos los sectores de la población.

Expresó que los abogados desaprueban “la práctica política cotidiana en la que está sumido el Congreso del estado de politizar los nuevos nombramientos que traerá el sistema nacional anticorrupción en el estado de Morelos”, que comprende desde la creación de una fiscalía especial de combate a la corrupción y la transformación del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el tribunal de justicia administrativa, hasta la creación de nuevas magistraturas, un comité de participación ciudadana y una estructura burocrática paralela.

“Estamos en contra de que la coyuntura de dichas reformas ‘fast track’ sirvan de botín político para el nombramiento de funcionarios que habrán de operar el sistema, y que dichas reformas ni siquiera pueden entrar en vigor porque carecen de leyes secundarias y su reglamentación.

“El Consejo estatal no está en contra del sistema estatal anticorrupción. Por el contrario, consideramos que es nuestro deber hacer este pronunciamiento a efecto de que las cosas no se sigan dando de forma autoritaria, en forma arbitraria”, dijo Vargas Gómez.

El 28 de mayo fue promulgada la reforma constitucional federal por la cual se creó el sistema nacional anticorrupción y en uno de sus artículos transitorios se estableció  un plazo de un año para la creación, modificación y armonización del marco normativo federal, para que, con base en ello, las entidades hicieran lo propio con sus leyes locales e instauraran sus sistemas estatales anticorrupción.

Sin embargo, para los integrantes del Consejo Estatal de Abogados no hay otra forma de entender la prisa de los diputados salientes más que la ambición de crear y acaparar cargos públicos.

Vargas Gómez también expresó la indignación de la comunidad universitaria, porque la reforma constitucional rompe con la autonomía de la máxima casa de estudios, que implica una regresión a la ley orgánica universitaria y la exclusión de opinión de la comunidad universitaria, que este martes saldrá a la calles a protestar.

La reforma constitucional, dijo, trastoca sustancialmente la autonomía universitaria porque se estableció que los organismos autónomos deberán contar  con un órgano interno de control de fiscalización de ingresos y egresos, y crea facultad de Congreso para nombrar a los titulares de estos órganos de control, “lo que contraviene y atenta contra la autonomía universitaria defendida durante más de 60 años”.

“Estamos en contra de estas reformas sin consulta previa con los sectores de opinión; en su caso concreto, con la comunidad universitaria, asociaciones profesionales de derecho y federaciones de profesionistas, sociedad en general, cámaras industriales, comercio y profesionales”, enfatizó.

Ante este escenario, el Consejo Estatal de Abogados llamó al Constituyente, es decir, a los 33 municipios, a rechazar desde sus cabildos esta reforma y consideró necesario que el Poder Judicial promueva una controversia constitucional contra el Congreso para combatir la reforma.