De esta forma, estará en manos de los 33 cabildos concretar estas reformas para que, a su vez, se proceda a la integración de las dependencias y los organismos que estarán encargados de echar a andar estos sistemas.
Dichas modificaciones a más de 20 artículos de la Constitución estatal, aprobadas ayer en sesión ordinaria, entre otras cuestiones, establecen la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción que tendrá la facultad de emitir recomendaciones a instituciones públicas, con el fin de que éstas adopten medidas para la prevención de faltas administrativas y actos de corrupción.
Asimismo, dentro de este sistema, se determina la creación de una fiscalía especializada para investigar hechos de corrupción.
A su vez, con este sistema se obliga a la transformación total del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para la creación de un Tribunal de Justicia Administrativa, que tendrá la facultad de imponer sanciones a funcionarios que cometan actos de corrupción.
A la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización se le da la facultad de investigar hechos de corrupción denunciados por la sociedad.
Dentro del Sistema de Transparencia, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística establece una transformación en la denominación de sus integrantes, pasando ahora de ser de consejeros a comisionados, que durarán en su encargo siete años.
Además, se obliga a funcionarios no sólo a presentar su declaración patrimonial sino también de interés, que tiene que ver con negocios de la familia, por ejemplo.
Dentro de los "beneficios" que tiene esta reforma –según citaron los diputados– está el de la participación ciudadana, a través de un Comité de Participación Ciudadana a fin de que se involucren en las acciones encaminadas a prevenir y sancionar actos de corrupción.
Habrá a su vez, órganos de control interno en los organismos autónomos constitucionales que supervisarán el manejo de los recursos públicos.
El Pleno del Congreso local aprobó ayer reformas a las fracciones I, IV y VII del artículo 2; el párrafo quinto de la fracción VI del artículo 23; el primer párrafo del artículo 23-A; se modificaron las fracciones III y IV del artículo 26, el artículo 32, las fracciones XXVII, XXXII, XXXVII y XL; así como el XLIV del artículo 40.
Otros artículos reformados son el artículo 45, el artículo 46, la fracción VII del artículo 60, el último párrafo del artículo 82, los párrafos segundo y sexto de la fracción I del apartado A del artículo 84, el artículo 86, el artículo 88, la denominación del capítulo VI, el artículo 109-bis, tercer párrafo del artículo 121, el párrafo cuarto del artículo 133, la denominación del capítulo III, los párrafos primero y segundo del artículo 133-bis, la denominación del título séptimo, el segundo párrafo del artículo 134, el último párrafo del artículo 136, el artículo 137, el artículo 141 y el artículo 145, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Asimismo, se adicionaron la fracción IX y X del artículo 2, tres últimos párrafos al artículo 23-A, un artículo 23-C, dos últimos párrafos al 79-B; tercer, sexto y séptimo párrafos de la fracción I del apartado A del artículo 84, un título sexto bis, un primer párrafo del artículo 134, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Se derogó el segundo párrafo del artículo 23-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Reformas al vapor
Durante la sesión ordinaria de ayer se evidenció el interés que tienen los integrantes de la LII Legislatura de designar cerca de 20 posiciones importantes en la administración pública, con la creación de estas nuevas dependencias y organismos.
El diputado Carlos de la Rosa Segura –quien votó en contra– lamentó que por la vía rápida se aprueben reformas que aún no tienen el marco normativo, como son la aprobación a las leyes secundarias que deben aún aprobar el Congreso de la Unión para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Denunció que hasta ayer, cinco minutos antes de su votación, hayan conocido el dictamen de la reforma constitucional.
Por lo anterior, responsabilizó de las repercusiones que este trabajo al vapor pueda tener a los grupos parlamentarios que tienen interés de impulsar dichas modificaciones, con el fin de designar espacios.
La diputada Rosalina Mazari Espín reconoció que las reformas aprobadas y lo que pretenden hacer los integrantes de esta legislatura posterior a estas modificaciones a la Constitución, es un trabajo al vapor, sin conocimiento de su contenido y repercusiones. Sin embargo, dijo que daría su voto a favor porque el combate a la corrupción es un compromiso que a nivel federal y estatal deben asumir como autoridades.
Otro diputado que también defendió las reformas fue Javier Bolaños Aguilar, quien criticó que se vote en contra de las mismas cuando hace unos meses esos mismos diputados autorizaron la contratación de un crédito por dos mil 806 millones de pesos al Ejecutivo.
Juan Carlos Rivera Hernández, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, defendió la creación del Sistema Estatal Anticorrupción como parte de las reformas que impulsó el gobierno federal.
