El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) consideró prematura e inadecuada la iniciativa de reforma a la normatividad local pretendida por Congreso estatal para desaparecer a este tribunal y crear otro con más magistrados y atribuciones.

El magistrado presidente del TCA, Martín Jasso Díaz, explicó que con la reforma constitucional federal que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (promulgada el pasado 28 de mayo) se estableció la instauración a nivel federal y en los estados de los tribunales de justicia administrativa que, entre sus nuevas atribuciones, tendrían la de sancionar a servidores públicos y particulares que presten servicios a entes gubernamentales que incurran en “faltas graves”.

Sin embargo, la reforma constitucional promulgada por el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, facultó al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo máximo de un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y como consecuencia se armonicen o modifiquen las leyes generales, para que posteriormente las entidades federativas puedan adecuar las leyes locales y con ellos instaurar los tribunales de justicia administrativa.

“Considero que esa reforma si es que quieren alinearla con la constitucional está en desfase, no puede hacerse en este momento. No puede hacerse porque efectivamente hay una reforma constitucional, sin embargo, hay una especificación que mientras no se generen las reformas a las leyes federales o generales no podrán alinearse, se dio el plazo de un año (posterior  la armonización o creación de leyes federales) para que puedan hacerlo”, explicó.

Señaló que no están en contra de la pretendida reforma, pero es prematura realizarla cuando en el ámbito federal no se han establecido los lineamientos que las entidades federativas deben de seguir.

“No estamos en contra de ello, son bienvenidas las reformas siempre que sean con la racionalidad que el legislador debe de asumir a su cargo, porque meramente ejercer el cargo de legislador como tal pues está bien, genero las leyes que sean, pero deben ser leyes responsables y con responsabilidad”, dijo.

Por ejemplo, señaló, no se sabe cuáles serán los lineamientos que se seguirán en el tema de expandir las atribuciones del TCA o los tribunales de justicia administrativa para sancionar a los servidores públicos o particulares que cometan faltas graves, las cuales a la vez deberán ser definidas y precisadas para efecto de fincarlas y castigarlas.

“Son las precisiones que hay que esperar, por eso no podemos adelantarnos. Dice ‘faltas graves’, pero cuál es el catálogo de faltas graves; yo podría decir que una falta grave es el desvío de dinero, pero también hay que manejar el término doloso, culposo, porque a lo mejor un servidor público sin conocer, sin saber o por error una partida la puso en otro lado, pues a lo mejor no hubo dolo, pero hay que esperar todo eso”, expresó.

Resaltó que es importante que los legisladores sean prudentes y se abran al diálogo con el TCA para que se entienda con precisión la reforma constitucional anticorrupción, sus implicaciones y plazos.

Además, consideró inadecuado que se pretenda crear dos nuevas magistraturas sin calcular las implicaciones legales y económicas.

“Un diálogo con relación al tema es la parte importante, porque podemos generar hasta un problema, porque también se pretende, según tengo entendido, designar dos magistrados más, sin embargo, aquí hay un problema presupuestal”.

“El tribunal no lo puede sostener… dos magistrados más implica cerca de seis millones de pesos, nada más para pagarles tanto sus salarios como sus prestaciones, cuando históricamente este tribunal durante siete años se mantuvo con un presupuesto, y sí nos dieron un aumento en el 2014 y 2015 de un millón de pesos, pero alcanzó para poder  reponer a los elementos de este tribunal el poder adquisitivo que habían perdido luego de siete años de no recibir aumento de salario”, sostuvo.

También recalcó que el TCA forma parte del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo, y que actúa de forma independiente y autónoma.

Cuestionado sobre si en su opinión esta reforma local sería absurda, respondió: “No sería adecuado, sería una cuestión grave para el sistema judicial en el estado”.

Agregó que este tribunal no ha sido consultado por los diputados y señaló que, en el supuesto de aprobarse la reforma, podría motivar la promoción de una controversia constitucional.