El Poder Ejecutivo estatal promovió una controversia constitucional contra el Congreso de Morelos y el dictamen emanado de la Comisión del Trabajo por el cual se concedió al panista Antonio Tallabs Ortega una pensión por cesantía avanzada equivalente al 75 por ciento  de los emolumentos que recibió como integrante del Consejo de la Judicatura.

La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia 36/2015 y concedió la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, que el decreto permanezca congelado y el gobierno de Morelos no esté obligado a publicarlo para su vigencia en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.

 En la controversia el Ejecutivo estatal reclamó la omisión del Pleno del Congreso de atender el derecho de veto del gobernador e ignorar las observaciones realizadas al dictamen de pensión de Tallabs Ortega emitido  por la Comisión del Trabajo, y solicitó la invalidez del decreto por considerar que el panista no cumple con la antigüedad mínima de 10 años que exige la Ley del Servicio Civil para obtener el beneficio, ya que los seis años como consejero de la judicatura no deben contabilizarse porque el cargo que ejerció no fue como trabajador y que en todo caso, si se comprobara la antigüedad, la pensión debe fijarse sin contar los seis años que fungió como consejero de la Judicatura y con base al último empleo que tuvo como subordinado al servicio del estado.

De acuerdo con lo argumentado en la controversia, el decreto pensionario emitido por la Comisión del Trabajo en agosto de 2014 concedió a Tallabs Ortega una jubilación de poco más de 72 mil pesos y las observaciones del Poder Ejecutivo no fueron analizadas ni votadas por el Pleno Legislativo.

El pasado 22 de mayo por medio de un oficio, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Lucía Meza, ordenó al Poder Ejecutivo, por conducto del Secretario de Gobierno, la publicación para su vigencia del decreto número 1511, por el que se concede pensión por cesantía en edad avanzada al Jesús Antonio Tallabs Ortega.

Esto motivó la promoción de la controversia constitucional por parte del Poder Ejecutivo, quien al obtener la suspensión no puede publicar el decreto hasta que la SCJN emita una resolución.