Los representantes de dichas agrupaciones y sindicales señalaron que se habrá de elaborar un plan de acción ya sea mediante movilizaciones o audiencias con legisladores, entre otras para que los diputados no aprueben la iniciativa presentada por el priista Jorge Arizmendi García.

Expusieron que la citada propuesta contempla obligar a toda persona que desee manifestarse, a solicitar permiso con 48 horas de anticipación a la Secretaría de Seguridad Pública. Además, señala que las manifestaciones sólo podrían realizarse los miércoles de 10 a12 horas, como único lapso para manifestaciones o reuniones en lugares públicos.

Los dirigentes de las organizaciones aseveraron que esta iniciativa es absurda y atenta contra la Constitución federal, además de convertirse en un instrumento para reprimir a quienes tienen alguna problemática, como ocurrió en el desalojo de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, recientemente.

Aseveraron que esta iniciativa implica un retroceso en los derechos, tales como la libertad de manifestación y asociación, consideraron que se trata de una postura “antidemocrática”, un “absurdo”, una muestra de “facismo” y “perversidad”.

Comentaron que en la multicitada iniciativa, tal y como está, se contempla en el artículo 7 que para simplemente reunirse también se tendría que pedir permiso y hacerlo en los días y horas mencionados.

Así mismo, informaron que esta iniciativa conlleva “un afán de intimidación porque en cada solicitud para ejercer el derecho de libre manifestación, además de realizar un escrito, éste tendría que estar acompañado por nombre, domicilio, identificación, firma de quien o quienes inciten a la reunión o manifestación y hacer notar el objeto de la manifestación”.

Destacan que en la iniciativa se plantea que hasta por el solo hecho de no avisar a la autoridad de quien o quienes harán uso de la palabra, tendrían que ser sancionados incluso con arresto.

Conforme a esta versión, como está elaborada la iniciativa en cuestión, se convertiría en un ilícito cualquier concentración hasta para festejar triunfos de la selección mexicana de fútbol o cuando los partidos políticos ganan alguna elección.

Por último, advirtieron que de no encontrar respuesta, recurrirían a la vía jurídica, pues se trataría de una ley inconstitucional.