Este rechazo a la iniciativa que impulsó el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, fue generalizado, ya que los diputados de todas las bancadas, incluida la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), decidieron posponer su discusión y votación en el pleno.

Lo anterior está en duda, ya que el dictamen enlistado de segunda lectura sí fue presentado al pleno e inició su votación, pero debido a la falta de votos, se determinó regresarlo a la Conferencia para que lo volviera a incluir en el orden del día de la sesión del próximo miércoles, que será la continuación de la de ayer, a fin de que dicho punto no se tomara como votado y cumplir con lo que marca la Ley Orgánica del Congreso local.

Y es que en el salón de plenos sólo permanecieron 10 y en un segundo conteo 12 diputados, con la ausencia, que pareció a propósito, de legisladores de todas las bancadas.

En el caso de la panista Erika Cortés Martínez, advirtió en tribuna que el Poder Legislativo violentaría la autonomía municipal de los ayuntamientos, al autorizar la firma de convenios con la empresa antes mencionada y el gobierno del estado, sin la previa aprobación de los cabildos.

Además, la legisladora local puso en duda el supuesto beneficio que los municipios tendrán al delegar las facultades del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos a una empresa.

"Es un error dirigir hacia una empresa, reitero, no dudo de que la empresa sea la adecuada o tenga todas las característica para poder cumplir, pero sería un error dirigir este tipo de convenios hacia una empresa, sin que se respeten todos aquellos requisitos para un procedimiento de adjudicación", manifestó la diputada.

Por su parte, el diputado Carlos de la Rosa Segura coincidió en que de aprobar la iniciativa se violaría la autonomía municipal, pero además denunció que se pretende un negocio millonario entre el gobierno estatal y la empresa Cruz Azul.

Afirmó en tribuna que el gobierno del estado, con el pretexto de la reducción de costos para el destino final de la basura a favor de los municipios, pretende obtener ganancias de 600 millones de pesos que se repartirá con la citada empresa.

"Pretenden constituir un monopolio o privatización de los servicios públicos municipales, en contra de la vocación original de los municipios, ya que las ganancias serán exclusivamente de la empresa", añadió.

Y es que a su vez cuestionó la vigencia de los convenios por 20 y hasta 30 años, lo que obviamente eso afectaría a las próximas administraciones municipales con una decisión que tomarán las actuales autoridades salientes.

En este sentido, el diputado llamó a sus homólogos a reconsiderar la aprobación de esta iniciativa que se votará la próxima semana.