El Congreso del estado creó una nueva Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Morelos. Asimismo, aprobó reformas para castigar la desaparición forzada.
Durante la sesión ordinaria de ayer, los legisladores aprobaron por mayoría la creación de una nueva legislación encaminada a proteger los derechos de los menores, mediante normas que obligan a las autoridades a generar un marco de protección a su integridad para prevenir que sean víctimas de abusos o delitos como la trata de personas.
Asimismo, la legislación establece obligaciones de quienes tienen la tutela de los menores, ya que en muchos de los casos son los primeros en violentar sus garantías.
La ley está integrada por seis títulos, 27 capítulos y 50 artículos, así como garantiza y promueve la participación y el establecimiento de mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación, y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.
Aprueban diputados reformas para establecer tipos penales en materia de desaparición forzada y secuestro
En la misma sesión, el pleno del Congreso local aprobó la minuta con proyecto de decreto enviada al Congreso local por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes.
El documento aprobado en la sesión ordinaria de este miércoles, el Congreso General reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad que el Congreso de la Unión tenga facultades de legislar en materia de desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley.
En cuanto a la tipificación del secuestro, se busca la protección del bien jurídico de la libertad, pues la tipificación de la desaparición forzada protege múltiples bienes jurídicos, se dijo.
La minuta, que aquí fue dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, tuvo base en el Marco Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”, según explicó el diputado Javier Bolaños Aguilar.
