El diputado independiente refirió que si bien es cierto que esta estrategia de seguridad fue avalada por los 33 ayuntamientos en el año 2012, mediante la firma de un convenio con el Poder Ejecutivo las responsabilidades y facultades en materia de seguridad siguen siendo de los municipios y está enmarcado así en la Constitución Política de México.

En este sentido, agregó, con la solicitud  de un sólo gobierno municipal este convenio podría desaparecer, para que a su vez los municipios puedan volver a ejercer los recursos que la Federación envía en materia de seguridad y que durante  estos casi tres años el gobierno del estado ha retenido para la operación del Mando Único, mediante un Fondo de Seguridad Estatal.

Lo anterior, dijo, debe darse de forma inmediata, más aún cuando en el Congreso de la Unión se encuentra "congelada" la iniciativa que envió el Ejecutivo federal para reforma del artículo 115 constitucional, con lo que se pretendía delegar de forma definitiva la responsabilidad de la seguridad a la Federación.

"De otra forma, estaríamos a la inversa, como se ha dicho siempre, siendo los primeros en continuar ante una violación grave a la Constitución, a la autonomía municipal y máxime que ese acuerdo también está utilizando los recursos municipales del Subsemun, casi 120 millones de pesos al mes que es lo que los municipios aportan al Mando Único", aseveró.

Dijo que de permanecer constituido el Mando Único, se podría tomar, incluso, como una imposición del gobierno del estado a los municipios.

Dijo que de anularse este acuerdo, el Congreso del estado también procedería a una nueva reforma de la Ley para la Asunción del gobierno del estado para la función de la Seguridad Pública de los municipios y la Policía Preventiva Municipal y de Tránsito Municipal, con la que se dio origen a este Mando Único el 28 de junio del 2012.