Lo anterior, por acuerdo de la Junta Política y de Gobierno, cuyos integrantes dictaminaron a favor de la ratificación de los magistrados Carlos Iván Arenas, María Idalia Franco Zavaleta, Rubén Jasso Díaz, Ángel Garduño González, Norberto Calderón Ocampo y Orlando Aguilar Lozano.

Hasta la semana pasada, tanto la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Lucía Meza Guzmán, como el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Javier Bolaños Aguilar, sostuvieron que aún no era tiempo para atender este tema y mucho menos por presiones del TSJ.

Sin embargo ayer, tras la comparecencia de los cinco magistrados como parte de su derecho de audiencia, que se organizó también de último momento, afirmaron que es un tema urgente que tratar, ante la cercanía de un lado elecciones y que posterior a éstas, de inmediato concluiría la actual legislatura.

Lucía Meza Guzmán dijo que se previó que el Congreso pudiera desfasarse en los tiempos para analizar la posible ratificación de los magistrados, lo que obligaría, incluso, a la actual legislatura a convocar a un periodo extraordinario de sesiones después del 15 de julio, porque el periodo de los magistrados concluye el 17 del mismo mes.

"Posiblemente nos estaríamos desfasando, puesto que los tiempos están muy establecidos. Recordemos que ellos su periodo lo terminan en julio, el 17, y nosotros concluimos el periodo el 15 de julio. Entonces no queremos correr riesgo de irnos a un periodo extraordinario por no tener un calendario adecuado, con un cronograma, que nos permita sacar esto con tranquilidad, respetando todo el procedimiento legal, jurídico", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Junta Política y de Gobierno justificó la rapidez del trámite, al señalar que el tema podría "contaminarse" con el proceso electoral si se postergaba más su análisis.

"Lo que pasa es que hemos estado sacando los pendientes de la agenda legislativa y uno de ellos es éste, y nosotros creemos que en vez de que se vaya contaminando conforme vaya avanzando el proceso electoral, es un momento muy prudente para iniciar la revisión", declaró.

Ambos diputados aseguraron que el dictamen de la Junta Política y de Gobierno se basó en la evaluación que hizo el Consejo de la Judicatura a los magistrados, por lo que consideraron que no había motivos para rechazar su ratificación. Y no –agregaron- se debió a presiones de ningún tipo.

El presidente de la Junta Política y de Gobierno explicó el caso de Norberto Calderón Ocampo, quien por ser magistrado supernumerario no se consideraba su ratificación, pues no está contemplado en la Constitución política. Sin embargo, Bolaños Aguilar explicó que el caso de la ex magistrada Leticia Taboada fijó precedente, pues un tribunal federal le admitió un amparo, por lo que se dio este derecho al magistrado para evitar más amparos por negarle ese derecho.