Al resolver el amparo en revisión 28/2015, el Primer Tribunal Colegiado resolvió revocar la sentencia del Juzgado Cuarto de Distrito que en octubre de 2014, negó la protección de la justicia federal a los policías imputados contra el auto de vinculación a proceso dictado por un juez de control y juicio oral.

En consecuencia, por unanimidad los magistrados integrantes del tribunal colegiado ordenaron reponer el procedimiento en favor de los elementos policiacos, quienes permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde hace 26 meses en el penal de Atlacholoaya, acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

A criterio del tribunal colegiado, se violentaron los derechos humanos y el debido proceso de los policías estatales imputados, razón por la cual revocó la negativa de amparo y dio lineamientos para resolver la situación jurídica de los otrora agentes policíacos Tizoc Jiménez Carbajal, Misael Manzanares Antonino, Alfredo Villegas Cisneros, Héctor Rodríguez Camacho, José Pastor Nava, Óscar Hernández Vidal, José Antonio Santiago Castro, César Augusto Palma Vara y Julio César Aragón Garcés.

La noche del 7 de febrero de 2013 ocurrió en la avenida Diez de Abril en la colonia Las Granjas (en los límites de Cuernavaca y Jiutepec) un enfrentamiento entre policías estatales y escoltas del fiscal estatal Rodrigo Dorantes Salgado.

El saldo fue de tres escoltas abatidos y uno herido. De acuerdo con la versión de los policías estatales, recibieron la orden de C-4 (centro de control) de detener y verificar a quienes eran los tripulantes del convoy que parecía sospechoso.

Los escoltas rechazaron parar y gritaron por la ventanilla de uno de los vehículos que eran agentes ministeriales, sin embargo el C4 insistió en verificar la identidad de los tripulantes del vehículo, ante la posibilidad de que portaran identificaciones falsas.

Entonces sobrevino el enfrentamiento. La versión de la defensa de los policías es que ocurrió una confusión ante la negativa de los escoltas de detenerse, sin embargo la fiscalía sostiene la versión de que los agentes estatales conspiraron para privar de la vida a Dorantes Salgado.