En la sede del organismo se llevó a cabo la presentación de ambos documentos ante reporteros, reporteros gráficos, elementos policiacos y agentes de la fiscalía estatal, los que contienen un análisis sobre las situaciones de riesgo para el ejercicio periodístico y la falta de conocimientos de los servidores públicos sobre las leyes y tratados internacionales que protegen la libertad de expresión, el acceso y difusión de información pública.

De acuerdo con estudios realizados por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), en colaboración con Freedom House México, nuestro país está catalogado como una nación en la cual la labor periodística es una actividad de alto riesgo, pero es indispensable para la formación de sociedades democráticas informadas.

La corrupción, según el análisis de la organización no gubernamental, es uno de los principales obstáculos para el goce de esta libertad de expresión, pero existen otros factores no menos importantes como la falta de seguridad social, salarios dignos y capacitación para quienes realizan la labor periodística, la ausencia de un marco normativo que proteja esta actividad de carácter social, la falta de acceso a la justicia en casos de agresiones a periodistas y el desconocimiento de servidores públicos de los instrumentos internacionales que obligan al Estado mexicano respetar la libertad de expresión y ejercicio periodístico.

La Comisión de Derechos Humanos informó que ha emitido una recomendación general por agravio a periodistas y una de forma particular por la agresión a miembros de este gremio a las afueras del Congreso local en marzo del año 2014.

Precisó que el año pasado el organismo inició cuatro expedientes por agresiones a los derechos humanos de personas que realizaban su labor informativa y como miembro del Mecanismo de Protección a Periodistas detalló que en los dos últimos años se han registrado alrededor de 13 agresiones, 11 de ellas en 2014.