De acuerdo al segundo informe preliminar de la auditoría especial -ordenada el año pasado por el Congreso local al préstamo autorizado del gobierno del estado- se detectó además un "faltante" por cerca de 700 millones de pesos, que no fue ejercido en la obra pública enlistada en el catálogo de proyectos a realizar y para los cuales el Poder Legislativo autorizó la contratación de dicho crédito.

En dicho informe se señala también que el gobierno del estado realizó 636 obras y acciones autorizadas con el crédito hasta el 7 de octubre del 2014, por un monto total de dos mil 79 millones de pesos.

Sin embargo, para septiembre del 2014, según la información que las Secretarías de despacho proporcionaron a la Auditoría, el gobierno del estado ya había ejercido dos mil 770 millones de pesos. Ante esto, el órgano auditor señala que existe un faltante por 691 millones de pesos, ya que no existe una coincidencia entre lo gastado y las obras ejecutadas.

Aunado a lo anterior, la Auditoría Superior de Fiscalización (hoy convertida en Entidad de Auditoría y Fiscalización) confirmó que el Poder Ejecutivo ejerció el recurso del crédito (contratado en el 2013) en el pago de obras realizadas en el ejercicio fiscal 2008-2012, es decir, proyectos de la pasada administración, además de para pagar eventos culturales y turísticos no justificados.

"Se detectaron irregularidades consistentes en la falta de integración de expedientes técnicos, falta de registro específico del gasto, falta de presentación de pólizas de registro contable del gasto con soporte documental y diferencias por comprobar", se cita en el mismo informe que ya es analizado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

Cabe señalar que el mismo reporte advierte un intento por obstaculizar el trabajo de la auditoría, pues además de que las Secretarías de Hacienda y Desarrollo Agropecuario se negaron a entregar toda la información, también se detectó la apertura irregular de cuentas.

En el documento se cita que el recurso de los créditos no se depositó "en cuentas bancarias existentes, no aperturadas (sic) de manera específica para la recepción, manejo y control de los recursos", sino que "fueron transferidos a cuentas pagadoras y concentradoras del gasto corriente".

Aunque en el informe se señalan como "irregularidades consistentes" las detectadas en el ejercicio de dicho crédito, sí se aclara por el órgano auditor que el Ejecutivo del estado aún tiene la oportunidad de solventarlas (comprobarlas) pues una vez concluida la primera etapa de la auditoría especial, se procederá a solicitar la solventación de las observaciones.