La convocatoria de licitación fue publicada el pasado miércoles 18 de marzo en el periódico oficial "Tierra y Libertad", por medio de la cual se fijan las bases para competir por la prestación de este servicio público.

Sin embargo, ninguno de estos gobiernos municipales especificó el periodo por el que se pretende concesionar dicho servicio público, por lo que se prevé que será mayor al tiempo de las actuales administraciones públicas municipales, ya que el próximo mes de diciembre concluirán.

Con lo anterior, serían cuatro municipios los que pretenden negociar con este servicio público, ya que en días pasados se dio cuenta del acuerdo que aprobó el cabildo de Cuernavaca, el pasado 6 de marzo, para iniciar el proceso de licitación.

No obstante que, para que los ayuntamientos puedan licitar un servicio público por un periodo mayor al de la administración municipal (de tres años), se requiere de la aprobación del Congreso local.

Hasta el momento, ante la Secretaría de Servicios Legislativos no ha llegado ninguna solicitud formal de los ayuntamientos, a excepción del oficio que se envió desde el gobierno de Cuernavaca, en el que se da cuenta del acuerdo del cabildo.

Por lo anterior, los tres ayuntamientos que ya publicaron su convocatoria -Tetecala, Miacatlán y Coatlán del Río- habrían violado la Ley Orgánica Municipal, al haber publicado las convocatorias sin autorización del Poder Legislativo.

La Ley Orgánica Municipal, en sus  artículos 116 y 138, establece que los ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación y explotación de los servicios públicos municipales, pero con aprobación previa de las dos terceras partes del Pleno del Congreso del estado, cuando la concesión se pretenda otorgar por un periodo mayor al de la administración municipal.

De igual forma, en dichos articulados se establece que los gobiernos deberán comprobar que están imposibilitados para prestar el servicio público y, por tal, pretenden concesionarlo.

En el caso de las intenciones del ayuntamiento de Cuernavaca, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT), se pronunciaron en contra.