Lo anterior, luego de que ayer el pleno del Congreso local aprobó las iniciativas preferentes que impulsó el Poder Ejecutivo, el 1 de febrero pasado, referente a la aplicación de dicho programa para disminuir los accidentes de tránsito a causa del consumo del alcohol, así como la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de discriminación en Morelos.

De esta forma, el Poder Legislativo aprobó la obligación de los 33 ayuntamientos de aplicar el alcoholímetro, pero lo harán en colaboración con elementos del Mando Único, que tendrá la facultad para detener a personas que conduzcan su vehículo bajo la ingesta del alcohol.

Sin embargo, los diputados modificaron la iniciativa del Ejecutivo para impedir que este poder tuviera también facultades para recaudar los ingresos derivados de este programa.

La presidenta de la Mesa Directiva, Lucía Meza Guzmán, dijo que se trataba de una reforma inconstitucional que tuvo que evitarse.

Además, se evitó que dentro de las facultades del Mando Único en este asunto, se le permitiera detener a las personas que con la sospecha de estar alcoholizados se les remitiera a los separos.

El diputado Javier Bolaños Aguilar afirmó que este programa deberá ser aplicado por especialistas y no por la Comisión Estatal de Seguridad.

En tribuna, el legislador panista exhibió la intención centralista del Ejecutivo de beneficiarse con el citado programa.

Además, criticó al Ejecutivo por buscar reducir el consumo del alcohol y por otro lado legalizar la marihuana, lo cual calificó de incongruente.

La propuesta para reducir el consumo de alcohol también establece sanciones como el cierre del negocio o hasta diez años de cárcel para los propietarios de establecimientos que vendan alcohol a menores.

El dictamen para la aplicación del alcoholímetro fue aprobado por unanimidad. De la misma forma, fue aprobada la Ley para Prevenir y Erradicar toda clase de discriminación.

Esta última legislación contempla la creación de órganos, como el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, con el fin de defender los derechos fundamentales de todos los morelenses.

Incluso, se establecen sanciones como la inhabilitación para aquellos funcionarios públicos que discriminen a alguna persona por su forma de vestir, creencias o preferencias sexuales.