En sesión ordinaria, fue presentada la iniciativa de ley que incluye dentro de las nuevas propuestas establecer un recurso de revocación, por medio del cual tanto las entidades auditables como terceros afectados podrán echar abajo resoluciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, en cuanto a las revisiones contables y administrativas que realice.

"Para cerrar el círculo de transparencia, todos los entes fiscalizados tendrán una entidad fiscalizadora que regulará de manera adecuada el proceso de control, evaluación, revisión y auditoría de las cuentas públicas, por lo que es importante resaltar un aspecto innovador y relevante que contempla este proyecto de ley, y que consiste en que las resoluciones y actos jurídicos que emita la Entidad Superior podrán ser combatidas, ante el propio ente de fiscalización, mediante la presentación del recurso de revocación, el cual será resuelto por el auditor general con auxilio de la Dirección General Jurídica, garantizando con ello la expresión más vasta del derecho de audiencia para los fiscalizados", señala la propuesta que presentó la diputada Lucía Meza Guzmán.

Asimismo, se establece en esta ley reglamentaria de la reforma constitucional que se aprobó en diciembre del año pasado y que dio paso a la creación del nuevo órgano auditor, la obligación de todo el personal de contar con el servicio profesional de auditoría.

"Con el propósito de regular el ingreso, permanencia y promoción del personal de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que permita por una parte una eficaz profesionalización de los funcionarios que laboran en el desarrollo de tan delicadas tareas", se añade en la iniciativa.

En la misma ley se establece la creación de las auditorías especiales y sus facultades, de las direcciones generales, una de ellas la capacitación. Asimismo, se establecen nuevos plazos para hacer más rápida la resolución de auditorías y evitar con esto rezagos, como ocurre en la actualidad.