Tras la inconformidad de la fiscalía estatal por la resolución de la juez Patricia Soledad Aguirre Galván, de no vincular a proceso y dejar en libertad a las 14 personas que fueron detenidas el pasado 7 de febrero durante las protestas de comerciantes en el Centro Histórico, Lara Chávez informó que hasta el momento no ha llegado ninguna queja contra la juzgadora por parte de la representación social.

Indicó que la Fiscalía ha promovido unas tres quejas contra jueces, las cuales se resolverán por el Consejo de la Judicatura conforme a derecho.

Resaltó que los jueces tienen libertad jurisdiccional, pero quien incurra en irregularidades y actos fuera de la ley será sancionado.

“Tenemos un voto de confianza; sin embargo, ello no implica que solapemos ni toleremos conductas irregulares. En ese aspecto, así como los jueces ejercen su independencia y autonomía a la hora de plasmar su criterio jurisdiccional en las resoluciones, también deben asumir las consecuencias de su actuar.

“Si hubiera una queja, alguna denuncia, alguna cuestión que tenga que ver con su actuar como juzgadora y que incida sobre su persona, sobre su función propiamente dicha, pues tendrá que asumir las consecuencias y nosotros tendremos que hacer lo propio como Consejo de la Judicatura”, dijo en referencia a la juez Aguirre Galván.

Lara Chávez agregó que cada actor procesal debe cumplir con su función y su trabajo, y en los casos de inconformidad por la resolución de un juzgador, existen las instancias y vías legales para indagar si se actuó o no conforme a derecho.