Lo anterior se dio a conocer por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) y ratificado por familiares de víctimas del delito, quienes acudieron ayer al Congreso del estado para presentar una iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada en Morelos.
José Martínez Cruz, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, abundó que en los últimos 3 años se registraron 40 casos de personas desaparecidas, en el último periodo del gobierno de Marco Adame Castillo y en los primeros dos años de la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu.
Según se dio cuenta, las principales víctimas de este delito son mujeres. "Muchas son menores de edad, adolescentes de 15 en adelante…que las están engañando y no sabemos dónde están", señaló la señora Celia Salinas, madre de Jessica Cerón, joven desaparecida desde el 2012.
Aunque, según Juliana Quintanilla García, las desapariciones forzadas también se dan por parte de las autoridades.
Citaron casos en Morelos, como las desapariciones y asesinatos de Jethro Ramsés Sánchez Santana y Alan Cerón, así como los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
José Martínez Cruz dijo que parte de los objetivos de esta ley es que las autoridades estatales estén obligadas a reconocer este delito, implementar políticas públicas para prevenir este delito, pero además, para que se cree un banco de datos de personas desaparecidas.
El diputado Héctor Salazar Porcayo, quien recibió la iniciativa, reconoció que la propuesta es un tema "delicado" que podría no avanzar en el Congreso local. Sin embargo, dijo que buscará los consensos para que haya condiciones políticas para su aprobación.
El legislador local señaló que otro de los problemas para que la propuesta sea atendida en este periodo ordinario de sesiones, es el proceso electoral, ya que un gran número de diputados contenderá por un cargo de elección popular y no están obligados a pedir licencia para que los suplentes hagan el trabajo legislativo.
Pese a lo anterior, afirmó que la próxima semana será presentada al pleno del Congreso local y de inmediato buscará que sea analizada y dictaminada en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación.
