Kevin Nicolás Contreras, de 19 años y dedicado a la albañilería, narró que el 7 de febrero alrededor de las 15:00 horas caminaba por la calle Rayón para encontrarse con su novia y acompañarla a vender un celular, cuando observó que un grupo de policías corría y de pronto se vio rodeado por más de diez de ellos, quienes lo sometieron violentamente y luego lo subieron a la batea de una patrulla, junto con otros jóvenes, donde fueron sometidos a tortura física y psicológica.
“Nos anduvieron paseando como por una hora. Nos iban golpeando, nos iban diciendo groserías, que nos iba a pasar lo mismo que a los de Ayotzinaba. A unos les iban dando toques, a unos nos iban pegando con la macana o con la mano, que nos iban a aventar a una barranca”, narró.
Recordó que todos los detenidos fueron llevados a Torre Morelos, principal centro de operaciones del Mando Único, donde los mantuvieron incomunicados, hincados, con la cara cubierta y sin agua por varias horas en el área de estacionamiento.
Casi diez horas después de su detención, finalmente él y 13 personas más fueron puestas a disposición del Ministerio Público.
Nicolás Contreras detalló que durante todo ese tiempo fueron vejados, sometidos a tortura física y psicológica por parte de los elementos del Mando Único, quienes incluso les profirieron amenazas de muerte.
Acompañado de sus padres, el joven consideró que su detención fue arbitraria y que los policías cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos, por lo cual decidió iniciar acciones legales con el fin de obtener la reparación del daño y obligar a las autoridades a deslindar responsabilidades a los elementos que incurrieron en actos arbitrarios.
“Ahora sí que afronten la responsabilidad del porqué la agresión contra gente inocente y que se les ponga una multa porque también aparte había jóvenes, había niños presentes, y el gas quemaba toda la cara y te ponía a llorar”, afirmó.
Reconoció tener miedo de que haya represalias de los policías contra él y su familia por denunciar las violaciones a sus derechos humanos, por lo que responsabilizó al gobierno de Morelos de cualquier agresión o daño que sufran.
De los 14 detenidos, siete ratificaron su queja ante la Comisión de Derechos Humanos y sus testimonios coinciden en el uso irracional de la fuerza pública y en la tortura física y psicológica de la que fueron víctimas.
Operativo puso en peligro a ciudadanos
El visitador itinerante de la Comisión de Derechos Humanos, Osmany Licona Quiterio, detalló que el organismo tiene elementos preliminares para afirmar que el operativo se realizó sin estrategia e inteligencia policial, no se respetaron los protocolos sobre el uso proporcional de la fuerza y fue el mismo Mando Único quien puso en riesgo la integridad física no sólo de los involucrados en el conflicto sino de las personas, incluso infantes, que circunstancialmente se encontraban en el Centro Histórico.
Narró que él mismo fue testigo de cómo los policías apostados sobre la calle Guerrero, donde iniciaron las obras de remodelación con maquinaria pesada, rompieron formación y comenzaron a perseguir a todo aquel ciudadano que corría ante la estampida policial y la dispersión de gas lacrimógeno.
“Eso evidentemente acredita la falta de estrategia en cuanto a la detención, que aparte de que son irregulares, se realizan bajo un uso irracional de la fuerza y se puso en riesgo la integridad de todas las personas que nos encontrábamos en el centro”.
“Y llama mucho la atención el tiempo que tardó en restablecerse el orden, porque empezó minutos antes de la una los primeros indicios de violencia y fue cerca de las cinco de la tarde cuando todo empezó a normalizarse”, afirmó.
Insistió en que la policía en lugar ubicar, aislar y detener a los agresores, bajo los protocolos de uso racional de la fuerza y respeto a los derechos humanos, optó por prologar la confrontación e incurrir en irregularidades.
