La petición fue formulada por el ministro Juan N. Silva Meza y fue aprobada por el resto de los integrantes del pleno. Por lo tanto, los cinco juzgados federales y tres tribunales colegiados, con sede en Cuernavaca, deberán aplazar cualquier resolución.

De acuerdo con datos recabados, la medida tiene como objetivo evitar un caos jurídico ante posibles sentencias contradictorias entre juzgados y tribunales, revisar si es factible que el Alto Tribunal ejerza su facultad de atracción sobre todos los recursos y, en su caso, solucionar en un solo paquete todos los recursos promovidos por las partes o fijar los criterios que deberán seguir los amparos a través la resolución la controversia 66/2009.

A principios de julio de 2009, el Alto Tribunal resolvió la controversia constitucional 88/2008 y validó las reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos relativas al funcionamiento y estructura del Poder Judicial; la nueva conformación del Consejo de la Judicatura local (la desaparición de la representación de la UAEM y la integración de un representante del Poder Legislativo); la nueva forma de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia a cargo del Congreso; la derogación de la inamovilidad de los magistrados hasta cumplidos los 70 años de edad y la sustitución de la pensión por el haber de retiro de aquellos magistrados que tengan antecedentes como trabajadores al servicio del Estado o municipios, con antigüedad de 15 años o más, entre otras cosas.

Además, la SCJN resolvió que los magistrados que se consideraran agraviados con la reforma constitucional, podrían reclamar las violaciones a sus garantías por la vía del amparo en los juzgados y tribunales federales.

Entonces, el presidente del TSJ y representante del Poder Judicial Ricardo Rosas Pérez, junto con un grupo de magistrados y consejeros de la Judicatura promovieron el juicio de amparo 1160/2008, reclamando el derecho a la inamovilidad hasta cumplidos los 70 años de edad y su permanencia como integrantes del consejo.

El 19 de julio de ese año, el Congreso designó a María Idalia Franco, Guillermina Jiménez Serafín, Carlos Iván Arenas, Ángel Garduño, Rubén Jasso Díaz y Norberto Calderón Ocampo como magistrados del TSJ.

Sin embargo, tal designación fue impugnada por la vía del amparo por 23 jueces y litigantes inconformes con la decisión del Congreso, así como por el presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, a través de la controversia constitucional 66/2009. En todos los casos los quejosos reclamaron presuntas irregularidades en el proceso de designación.

La Corte concedió una suspensión a Rosas Pérez, que impide que los magistrados entren en funciones. Desde entonces y hasta la fecha se han promovido diversos recursos en los juzgados y tribunales federales que han alargado todo el proceso.

No obstante, esta lucha jurídica mantiene en estado crítico al TSJ ante la falta de seis magistrados de un total de 16; incluso, para cubrir las vacantes algunos magistrados han tenido que cubrir doble ponencia.