Alrededor de 40 comuneros llegaron hasta las inmediaciones del centro penitenciario para expresar su inconformidad con la determinación del juez de control y juicio oral del Primer Distrito Judicial, Salvador Vences, de imponer al comunero una garantía exorbitante y fuera de sus posibilidades.

De acuerdo con Edgar Martínez Pérez, hijo del imputado, la detención de su padre tiene origen en el conflicto suscitado en el 2006, cuando los comuneros de Jiutepec tomaron por varios días el predio que le rentaban al empresario de origen español y dueño de las empresas Cal de Morelos y Triturados No metálicos, Javier Barbará, porque éste les debía alrededor de 12 millones de pesos por el arrendamiento.

Finalmente las partes llegaron a un acuerdo en un juzgado civil, que incluía el desistimiento del empresario de la denuncia penal contra los comuneros y el pago del adeudo, que aún no es saldado.

Sin embargo, la semana pasada la fiscalía ejecutó una orden de aprehensión contra Tirso Martínez y el juez le concedió la libertad con el pago de una garantía de 18 mil 800 pesos, más cinco mil pesos por concepto de obligaciones procesales y 56 millones de pesos por reparación de daño.

Edgar Martínez afirmó que su padre sigue privado de la libertad porque la cantidad es para ellos impagable y denunció que el juez no sólo se excedió en fijar una millonaria garantía, que equivale al valor del predio que en su momento estuvo en conflicto, sino que la resolución judicial estuvo viciada porque el juez se reunió con el empresario y su abogado.

“Todo iba muy bien, nos dijeron qué nos iban a hacer, cómo debe de ser (fijar la garantía) por el daño, pero entonces llega el abogado con el empresario, entran con el juez y salen y en ese momento ya no, todo cambió”, dijo, al recordar que después del encuentro con la parte demandante, el juez determinó fijar la descomunal garantía.

Explicó que existe un peritaje oficial en el que consta que los daños ocasionados en la toma del predio ascendieron a cerca de 45 mil pesos y, a pesar de que él no participó  en el momento de la toma del predio, se le acusó de presunto despojo.

Dijo que ante la irregularidad y el viciado proceso contra el Tirso Martínez se promovió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, el Consejo de la Judicatura y solicitó la intervención del secretario de Gobierno, Matías Quiroz.