Como parte de los acuerdos para desaparecer a la ASF, también se determinó la destitución de su titular, Luis Manuel González Velázquez, a quien se le acusó de retrasar las auditorías hechas a ayuntamientos y otras entidades auditables, además de no transparentar la entrada de recursos como parte del cobro de sanciones administrativas a funcionarios públicos por no solventar observaciones en el ejercicio del gasto público.

"No hay claridad sobre su informe del resultado, ni sobre los procedimientos disciplinarios que ventila ante sí; no hay resultados sobre las denuncias penales que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado, ni información verídica de por qué no se ha procedido contra funcionarios públicos, que el vox populi tacha de deshonestos y poco transparentes”, se asegura en la exposición del dictamen que fue aprobado por el pleno del Congreso local, la madrugada de este viernes.

En el mismo documento se añade que González Velázquez no ha cumplido con "tareas sustantivas" desde su designación como auditor sustituto en el año 2013, "como lo son la falta de entrega de informes de resultados de auditorías ordinarias y especiales a tiempo, la falta de elaboración de manuales y el manejo discrecional de los fondos recabados por concepto de multas y el que recibe por parte de la federación, nos lleva a considerar una transformación total a los preceptos normativos constitucionales que rigen su actuar”.

Por lo anterior, el dictamen que se derivó de una propuesta impulsada por la perredista Lucía Meza Guzmán, señala la necesidad de cambios "importantes", tales como cambiar el nombre del órgano, así como de las cabezas que son los directores generales para nombrarlos auditores especiales.

Además, se afirma que con las reformas  a la Constitución Política del Estado de Morelos y a la Ley de Fiscalización del Estado de Morelos, se obligará a que operen el Consejo de Dirección, encargado de supervisar el trabajo del órgano auditor.

En único cambio real que se realizó con dichas modificaciones fue instaurar la obligación de la carrera profesional de fiscalización, para quienes laboren en el órgano estatal.