Mientras el diputado Gallegos Miranda utilizaba la máxima tribuna del Congreso local para defenderse de los señalamientos en su contra por supuestos vínculos con la delincuencia organizada; los coordinadores parlamentarios del PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y el Social Demócrata analizaban la forma de dar cauce a la solicitud de juicio de procedencia que presentó la Fiscalía en su contra.

Sin embargo, la Constitución del Estado de Morelos, es clara en señalar que los diputados no tienen fuero en delitos del orden común, por lo que la conclusión del análisis jurídico fue que es improcedente la solicitud del fiscal Rodrigo Dorantes Salgado.

Como Plan B, los legisladores de izquierda y el PAN acordaron la creación de un decreto aclaratorio sobre los alcances de la reforma constitucional en sus artículos 40 y 136, por el que se les retiró el fuero a los diputados locales en delitos del orden común.

Sin embargo, para que dicho dictamen pasara el mismo día de ayer se requerían 20 votos de los legisladores como mínimo para su votación en el pleno, lo cual no fue posible, pues la bancada del PRI y Verde Ecologista respaldaron a Alfonso Miranda y rechazaron dicho acuerdo.

Es que esta respuesta daría elementos a la Fiscalía para que respondiera a su vez a la Juez de Control de Justicia que se negó a formular proceso en contra de Alfonso Miranda por contar, supuestamente, con fuero constitucional, en el sentido de que la Constitución ya no protege a diputados por delitos del orden común.

No obstante a este bloque opositor, se espera que la próxima semana la Junta Política y de Gobierno dé entrada a la solicitud de juicio de procedencia, incluso, que pueda avanzar la reforma constitucional para regresar el fuero a los legisladores.

Se dijo de manera extraoficial que dicha acción por parte del bloque de la izquierda y del PAN, obedeció a presiones externas de autoridades del Poder Ejecutivo, para deslindarse del caso Alfonso Miranda Gallegos, que también significaría un costo político para el resto de los integrantes de la LII Legislatura.

Esta discusión, y la falta de votos para aprobar la ley de Juventudes, impulsada por el perredista Jordi Messeguer Gally obligó a la clausura de la sesión ordinaria de ayer, sin concluir el orden del día, por lo que los puntos pendientes se turnaron a la sesión de la próxima semana.