La fiscal especializada en delitos de alto impacto, Adriana Fernández Pineda, indicó que se pretende replicar en Morelos la experiencia de Colombia, un país que tuvo una fuerte crisis de seguridad en las décadas de los ochentas y los noventas por el asedio de la guerrilla, grupos paramilitares y cárteles de la droga que se financiaban con los rescates de plagios y otros delitos.

Explicó que la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro junto con el Grupo Fusión, conformado por autoridades estatales y federales, logró consolidarse y actuar eficazmente en la liberación de víctimas, sin llegar al pago de la liberación, y en la aprehensión de los plagiarios.

“Tenemos víctimas liberadas en operación, antes en Morelos prácticamente era inexistente, no se daban a conocer aseguramientos en sitios donde teníamos una víctima y donde no se pagó sino liberó a la persona mediante un trabajo operativo que le está dando credibilidad a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y en concreto al Grupo Fusión que está integrado por instancias federales y estatales y que hoy nos da un reconocimiento nacional de ser una unidad que está trabajando en coordinación para hacer esas operaciones fabulosas con resultados de liberación de víctimas”, afirmó.

Indicó que “es una determinación del gobernador que en este estado no se paguen los secuestros, que vayamos por acciones operativas que nos permitan detener a las bandas y liberar a nuestras víctimas con bien”.

Fernández Pineda recalcó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  en el tema del secuestro, ha establecido que los estados no deben legitimar el pago de rescate como la única vía para  liberar a una víctima porque genera impunidad y con base en la experiencia colombiana, el gobierno de Morelos pretende generar una campaña para fomentar la denuncia y el no pago a los delincuentes, ya que en muchos casos los secuestrados han sido privados de la vida a pesar de que las familias cedieron a la entrega del dinero exigido.

En Colombia y “cualquier otra experiencia en otro país le van a decir que pagar no significa que una víctima va a regresar y no puede usted creerle a un delincuente que le va a respetar la vida de un familiar o que no lo van a lastimar a cambio de dinero, porque eso es falso. Generalmente no respetan su palabra y por eso tenemos también, desafortunadamente, algunas víctimas que han fallecido porque a pesar de que las familias pagan, las víctimas no regresan y ese dolor, se lo juro, es mucho, mucho, muy superior a la certeza de saber que hay una autoridad, que hay una autoridad que sí pueda dar con el paradero de su familiar y que sí puede traerlo a casa”, sostuvo.

La fiscal especial informó que esta campaña se prepara junto con la Coordinación Nacional Antisecuestro, con asesoría colombiana no sólo en operación táctica sino en comunicación y difusión ciudadana para combatir el secuestro.

Precisó que en el 2013 la fiscalía logró el aseguramiento de 199 secuestradores y en lo que va del 2014 han sido aprehendidas 205 personas involucradas en el delito de privación ilegal de la libertad.