Tras un breve silencio, los líderes de las organizaciones adheridas al Foro Morelense de Abogados junto con los magistrados hicieron un pronunciamiento conjunto para confirmar su desconocimiento de Rosas Pérez como representante del Poder Judicial del Estado de Morelos y manifestar su preocupación por la ilegalidad bajo la cual opera el TSJ.
El pasado 17 de mayo, en una atropellada sesión de Pleno se llevó a cabo la votación para designar al nuevo presidente del tribunal, la cual concluyó con un empate entre Ricardo Rosas Pérez y su contrincante Miguel Ángel Falcón con cinco votos cada uno. Para dirimir el empate, Rosas Pérez ejerció, con la oposición de la mitad de los magistrados, su supuesto derecho al “voto de calidad” y se erigió como presidente del TSJ, sin tomar protesta e instalar el Pleno como lo ordena la Ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento.
Bajo este contexto, el presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Carlos de la Rosa Segura, indicó que ante las irregularidades e inconsistencias en el proceso de elección, Ricardo Rosas no es legalmente el presidente del TSJ, y por lo tanto todos sus actos posteriores al 17 de mayo como “presidente” pueden ser invalidados y constitutivos de un delito.
Indicó que los abogados y magistrados reúnen los elementos para presentar en los próximos días una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado en contra de Rosas Pérez y los magistrados que le apoyaron en su tercera reelección, a sabiendas de que violentaban la Constitución local y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida el artículo 89 constitucional, que establece que el presidente del TSJ sólo puede reelegirse solo una vez.
Además, explicó que se ha solicitado al procurador de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, que dé curso a la denuncia penal ASP/25/2010 promovida por el Foro Morelense de Abogados el pasado 21 de abril en contra de Rosas Pérez, por la presunta comisión de los delitos de obstrucción de la justicia, delitos en contra de la administración de justicia, delitos cometidos por servidores públicos, peculado y falsedad de declaraciones.
El magistrado Miguel Ángel Falcón, apoyado por magistrados y magistrados designados (que no han entrado en funciones por una suspensión concedida por la SCJN en tanto resuelve la controversia 66/2009, que impugna la constitucionalidad de sus nombramientos), afirmó que se tomarán todas las acciones jurídicas para combatir “la presidencia espuria” de Ricardo Rosas.
Expresó que esta lucha es por la dignidad y respeto no sólo de los magistrados y de los trabajares, sino por el rescate del Tribunal Superior de Justicia, institución que ha sido manchada por la ilegalidad.
Al frente común se unió también el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, quien afirmó que existe incertidumbre y represión en contra de sus agremiados.
Incluso, sostuvo que se espera que haya más represalias por no estar de acuerdo con el proceder de Rosas Pérez.
