Desde el pasado mes de septiembre, el legislador promovió un juicio de amparo que fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito bajo el expediente 2197/2014 ante cualquier acto privativo de la libertad por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), cuya instancia integra varias averiguaciones previas iniciadas por personas que afirman ser víctimas de hechos ilícitos en los que presuntamente está involucrado el legislador.
De acuerdo con la información publicada en los estrados electrónicos del juzgado federal, al diputado petista se le concedió la suspensión provisional y se fijó una garantía de seis mil pesos, para efecto de evitar la ejecución de cualquier posible orden de presentación o aprehensión por parte de la PGR.
En los próximos días se llevará a cabo la audiencia incidental para que el juez de distrito determine si concede o no la suspensión definitiva en el supuesto de que hubiese alguna orden de captura o presentación en su contra.
El diputado Alfonso Miranda Gallegos ha sido un personaje polémico, no sólo por su parentesco aceptado por él mismo con el líder del grupo criminal “Los Rojos” en Morelos, Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, sino por increpar a sus adversarios, intimidar a reporteros y mantener un rivalidad acérrima y pública con el alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso.
El último escándalo en que se vio envuelto el legislador y ex presidente municipal de Amacuzac, ocurrió el pasado 3 de junio cuando presuntamente Miranda Gallegos amenazó a agentes de la Policía de Investigación Criminal y ayudó a escapar al conductor de un camión de carga con fertilizante que había sido detenido un retén instalado en el municipio de Amacuzac, ya que la unidad no tenía placas, el número de serie era dudoso y circulaba sólo con un oficio firmado por el legislador.
Los policías que intervinieron en los hechos iniciaron la carpeta de investigación JO-UIDDA/1260/2014 contra Miranda Gallegos, porque –según su declaración ministerial- al intervenir y ayudar a huir al detenido profirió una serie de amenazas.
Por este hecho, el fiscal general del Morelos, Rodrigo Dorantes Salgado, solicitó al Congreso local el desafuero del diputado petista para someterlo a proceso penal por diversos delitos, sin embargo la solicitud no prosperó.
En diversas declaraciones públicas, Miranda Gallegos ha calificado como infamias las acusaciones en su contra y ha arremetido contra sus detractores.