Lo anterior, durante la celebración de la reunión nacional de “México Infórmate”, organización no gubernamental que se encarga de fomentar el uso de las leyes de transparencia en todo el país. De acuerdo a su medición, Morelos sólo está por abajo del Distrito Federal, San Luis Potosí y Veracruz. El último lugar lo ocupa el vecino estado de Guerrero.

En este evento, realizado el pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León, periodistas y activistas de todos los estados de la República aportaron sus experiencias en este rubro en sus respectivos estados.

El panorama en general es desalentador. Lo mismo en Sinaloa que en Chiapas, en Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí, los órganos mal llamados “garantes” de la transparencia carecen de autonomía o incluso están convertidos abiertamente en defensores de la opacidad. “La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIPES) se ha dedicado a clasificar documentos gubernamentales que pudieran representar un riesgo para el gobierno”, explicó el reportero sinaloense Alfredo Beltrán.

En Guanajuato, cada uno de los tres poderes designa a un consejero y lo puede remover libremente en cualquier momento. En otras entidades el órgano garante depende de la Comisión de Derechos Humanos y sus resoluciones son revisadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el usuario debe contratar un abogado para “litigar” su derecho a saber.

Los ponentes explicaron que en general, los gobiernos estatales buscan desalentar a las personas interesadas en hacer uso de la Ley de Información Pública. En Guerrero, los alcaldes (que generalmente son los caciques del pueblo) amenazan de muerte a periodistas o activistas que se atreven a pedir información. En Chiapas, el gobierno estatal condicionó la continuación de sus tratos comerciales con El Heraldo de Chiapas a que despidiera a la reportera Sandra de los Santos, quien había incomodado a la autoridad con sus peticiones de información pública.

En representación de La Unión de Morelos, el reportero Jesús Castillo explicó a sus homólogos del resto del país, cómo es que en esta entidad se han hecho reportajes de investigación con base en datos obtenidos a través de solicitudes de información pública, algunas de las cuales han derivado en recursos de inconformidad ante el IMIPE, la mayoría de los cuales han sido ganados por esta casa editorial.

Se hizo un recuento de los logros obtenidos en esta materia. Por ejemplo, que la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia hayan hecho públicas las listas de personas detenidas y procesadas por el delito de secuestro durante el periodo 1994-2000.

Asimismo, el hacer pública la lista de beneficiarios del programa “Ave Fénix”, lo que permitió detectar que violadores y homicidas fueron incluidos indebidamente en éste. A la fecha, el programa está suspendido y sujeto a una investigación.

De la misma manera, una serie de peticiones de información pública dejó al descubierto que centenares de armas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal han sido “extraviadas” por sus elementos, algunas de ellas de alto calibre, las cuales pasaron a engrosar el mercado negro y muy posiblemente estén siendo utilizadas por la delincuencia.

El último de los reportajes de La Unión de Morelos consistió en el análisis del perfil de los 33 jefes de Seguridad Pública y responsables de Protección Civil en la entidad, lo que nos llevó a la conclusión de que prevalece la improvisación y los compadrazgos para la designación de estos cargos.

En la reunión anual de “México Infórmate”, se reconoció que La Unión de Morelos es el único medio de comunicación de provincia que cuenta con un reportero asignado exclusivamente a reportajes especiales en materia de transparencia, lo que ya es algo común en medios de comunicación nacionales como Proceso, El Universal, Reforma y otros.