Así respondió el funcionario, al ser cuestionado respecto al documento enviado por los referidos juzgadores al ministro instructor Juan N. Silva Meza, fechado el 23 de febrero de 2010, en donde aseguraron que estaban a cargo de “hasta tres ponencias”, pero además, que desde el momento en que se admitió a trámite la controversia y se concedió la suspensión, se ha tornado “imposible el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional del que formamos parte”.

Rosas Pérez aseguró que como representante del Poder Judicial del estado, era su obligación solicitar se diera vista a la Procuraduría General de la República (PGR), “porque es evidente que se está mintiendo a la SCJN”, como lo demuestran diversos documentos públicos firmados por los propios magistrados, subrayó.

Explicó que esa situación tendrá que ser analizada y resuelta por la propia Corte, “es evidente que se está mintiendo a la SCJN al tratar de sorprenderla, haciéndole creer que hay una afectación al servicio público, lo que no es cierto, como se desprende de la actuación de ellos mismos. Entonces ahí existe la probable comisión de hechos delictuosos y hay que esperar el momento final. En el momento final la Corte decide eso, pero ya quedan las constancias correspondientes. Está documentado todo”, subrayó.

SANCIONES EN LA NORMA FEDERAL Y ESTATAL

Cabe referir que el capítulo quinto del Código Penal Federal está dedicado al delito de “Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad” y establece, por ejemplo, en su artículo 247 Bis, el tipo de sanciones para quienes incurran en dicha conducta fuera de la ley.

Dicha norma señala que se impondrán de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa: “al que examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar, o aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan.”

Por otra parte, en la legislación estatal existe la posibilidad de que las actuaciones de los tres magistrados, dieran origen a una responsabilidad administrativa, para lo cual el Congreso del estado tendría que iniciar un proceso de formación de causa, que tiene entre sus sanciones la destitución del cargo.

Hay que recordar que el caso más reciente de un servidor público estatal que presuntamente mintió ante una autoridad federal (situación que lo mantiene inestable en su actual encargo), es el del actual titular de la Auditoría Superior de Fiscalización, Gerardo Casamata Gómez.

Asunto en el cual, el Juzgado Primero de Distrito del estado de Morelos -como lo publicó hace unos días este medio informativo- resolvió en uno de sus acuerdos: “se decreta el auto de formal prisión, con base en el artículo 204 de la Ley de Amparo y sancionado en el número 247 del Código Penal Federal”.

“ALGUIEN ESTÁ MINTIENDO ANTE LA CORTE”

En cuanto al asunto de los magistrados, Rosas Pérez refirió, como ayer lo dio a conocer “La Unión de Morelos”, que, efectivamente, sus tres homólogos enviaron un documento a la SCJN, “en el que informan que es urgente la adscripción de los seis magistrados designados por el congreso (nombramientos que se mantienen suspendidos por determinación de la propia Corte), por considerar que no se pueden atender dos y hasta tres ponencias y por considerar que las cargas de trabajo son excesivas”.

“Lo irregular y extraño”, agregó el funcionario, “es de que por un lado, nunca ningún magistrado ha tenido tres ponencias, y segundo, que los informes que dan los magistrados al pleno del TSJ en sesión, de propia voz, motu propio, fue en el sentido de que en cada entrega-recepción no dejan ningún expediente para resolver“.

Es decir, explicó: “ellos tres cuando les corresponde hacer la sustitución de ponencias, que se han ido rotando entre todos los magistrados, han firmado las actas de entrega recepción como magistrados entrantes o salientes, de donde aparece que no hay expedientes pendientes por resolver”.

Por lo tanto, añadió: “alguien está mintiendo ante la Corte, ante el pleno del TSJ o en las actas de entrega-recepción. Me parece que lo están haciendo ante la Corte, porque de la inspección que se realiza, efectivamente, no hay expedientes pendientes por resolver”.

Son documentos firmados por ellos, ellos participan y lo hacen ante la fe de la Secretaría General del TSJ, y ella da fe de que efectivamente no aparece ningún pendiente por resolver”.

DESVIRTUAMOS SUS ARGUMENTACIONES

-¿Ante esa situación que planteó el TSJ a la SCJN, tratándose de un probable hecho delictivo?

-Primero desvirtuamos sus argumentaciones, tanto del Ejecutivo, como de los compañeros magistrados, en el sentido de que se está dejando el servicio de la administración de justicia, lo que no es cierto, y lo demostramos con los documentos públicos consistentes en copias certificadas de las actas de todas las sesiones del pleno del tribunal y de las actas de entrega recepción que hacen los magistrados, en donde aparece que no existe ninguna afectación al servicio público. No hay rezagos.

-¿Qué solicitó a la Corte?

-Que ante la probable comisión de hechos delictuosos se diera vista al MP Federal, eso lo tendrá que analizar la SCJN.