Pese a la existencia de documentales públicas, firmadas por ellos mismos, que desacreditan las afirmaciones con las que mintieron ante el máximo tribunal de justicia del país, los funcionarios judiciales estatales enviaron y rubricaron un escrito dirigido al ministro instructor Juan N. Silva Meza, fechado el 23 de febrero de 2010, con el cual no solamente podrían haber exhibido una falta de probidad como servidores públicos, sino además, evidenciarían haber incurrido en una conducta probablemente constitutiva de delito, al haber mentido ante una autoridad federal.

En ese oficio, copia del cual está en poder de La Unión de Morelos, los juzgadores sostuvieron que, luego de la suspensión otorgada por la Corte, ellos se han hecho cargo de “doble y hasta triple ponencia” para resolver los expedientes, cuando en realidad ninguno de los actuales magistrados en funciones ha tenido tres ponencias (oficinas de que se hacen cargo los magistrados con asuntos de segunda instancia), sino dos, una de ellas en forma rotativa cada mes.

Más aún, expusieron los supuestos motivos por los cuales la referida controversia “se encuentra afectando gravemente la administración e impartición de justicia en el estado”, cuando ellos mismos han firmado documentos en donde han avalado que no existe rezago de expedientes, ni en las ponencias que entregan, ni en las que reciben.

No sólo eso, sino además, ante sus propios compañeros del pleno del TSJ, en diferentes sesiones, esos magistrados han expresado de propia voz que “han dejado al día” los asuntos en materia civil y penal que les ha tocado conocer como administradores de justicia o que “no se dejó ningún expediente para resolver”.

En el escrito enviado a la SCJN, lejos de eso, aseguraron lo contrario: “Desde el momento en que se admite a trámite dicha controversia y se concede la suspensión, se torna imposible el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional del que formamos parte, no obstante que se mencione lo contrario por el promovente (es decir, el magistrado Ricardo Rosas Pérez)”, cuando en realidad ellos mismos han respaldado con sus firmas e intervenciones, la buena marcha de la administración de justicia en Morelos.

*EL ESCRITO DIRIGIDO A SILVA MEZA

En el documento dirigido al ministro instructor, llama la atención que, pese a que los tres magistrados se dicen “sabedores” de que el artículo 105 de la Constitución Federal y su ley reglamentaria “no nos concede legitimación” en la controversia, se permitieron “hacer algunas argumentaciones” en torno a la misma.

Afirmaron que “se torna imposible” el buen funcionamiento del TSJ, “en virtud de que se encuentran seis ponencias sin titulares, cuatro numerarias y dos supernumerarias, por lo que actualmente se están cubriendo de manera provisional las mismas por los escasos magistrados que habemos, que nos adscribimos cada treinta días hábiles de acuerdo al rol que corresponda”.

Resaltaron que “cubrimos doble y hasta triple ponencia, toda vez que dada la situación generada por la interposición de la presente controversia constitucional y la suspensión concedida en la misma, el pleno del Tribunal Superior, a propuesta del presidente, ‘suprimió de manera temporal’ la Primera Sala de las cuatro existentes, absorbiendo el trabajo de la misma la Segunda Sala, lo que ha ocasionado que se duplique el trabajo jurisdiccional en ésta”.

Lo anteriormente expuesto, refirieron los magistrados ante la Corte, “implica una situación que hace física y humanamente imposible que se imparta la administración de justicia de manera pronta, expedita y eficaz, afectándose el orden jurídico dentro del Estado de Morelos en la impartición de justicia, al ser esta institución fundamental mexicana (sic), afectándose con ello gravemente a los justiciables”.

Por ello, finalizaron Cuevas, Hipólito y González, “acudimos ante este máximo tribunal a hacer de su conocimiento la situación antes expresada con la finalidad de que nuestras argumentaciones puedan ser motivo de análisis en aras de mejorar la impartición de justicia y responder de forma más efectiva a la sociedad morelense, que reclama una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, tal como lo contempla el artículo 17 Constitucional”.

*LAS PRUEBAS DE QUE MINTIERON

Diversos documentos obtenidos por La Unión de Morelos en una investigación periodística, revelan al menos, las dos caras que han tenido los señalados magistrados en torno a estos asuntos, pues tan sólo un día después de haber enviado el escrito al ministro instructor, durante la sesión de pleno del TSJ del 24 de febrero del año en curso, el magistrado Andrés Hipólito Prieto presumió a los demás juzgadores haber dejado sus asuntos al día.

En su intervención, casi al final de la sesión de pleno de esa fecha, y luego de enumerar los asuntos jurisdiccionales que resolvió del día 16 de diciembre de 2009 al 12 de febrero de 2010, sostuvo: “sólo se dejó en la Ponencia un toca penal para resolver, que se recibió un día antes de la entrega de la Ponencia, el que se turnó a la secretaría de estudio y cuenta para la elaboración del proyecto de resolución; en materia civil no se dejó ningún expediente para resolver”.

Para resaltar aún más su trabajo, Hipólito no sólo presumió, sino además pareció intentar aleccionar a sus compañeros del pleno al expresar ese día: “si se quiere dejar la Ponencia al día, tiene uno que quedarse a trabajar, o regresar por las tardes, o bien llevarse el trabajo a su casa”, cuando el aleccionamiento era innecesario, dado que la mayoría de magistrados, con anterioridad -y de acuerdo a lo asentado en diversas actas de las sesiones previas- habían recibido ya felicitaciones por parte del propio pleno, por los esfuerzos que han hecho para evitar el rezago de expedientes.