La semana pasada la ex funcionaria recurrió a la justicia federal y el Juzgado Quinto de Distrito admitió el juicio de garantías 2192/2014, mediante el cual le concedió la suspensión provisional efecto de que la Policía Federal Ministerial de la PGR no ejecute cualquier orden de presentación, aprehensión o detención, y fijó una garantía económica de tres mil pesos.
Aparentemente, el juicio de amparo fue promovido como consecuencia de la denuncia que en mayo de 2013 inició la administración estatal encabezada por el mandatario perredista, Graco Ramírez, ante la PGR por el delito de peculado presuntamente cometido por varios ex funcionarios de los SSM en agravio los gobiernos federal y de Morelos.
Según la averiguación previa PGR/MOR/CV/412/2013-II, durante la gestión de Gontes Ballesteros al frente de los SSM, la empresa Nadro S.A. de C.V. fue favorecida con un contrato millonario para el abastecimiento de insumos médicos, los cuales habrían sido adquiridos por el sector Salud a un sobreprecio.
Dicha empresa habría obtenido un contrato por más de 745 millones de pesos para surtir de medicamentos y materiales de curación a las clínicas y hospitales de los SSM. Sin embargo, presuntamente Nadro incumplió con el abasto.
Con la nueva administración estatal, la empresa Disur –que supuestamente habría sido desplaza para favorecer a la empresa en cuestión- regresó a prestar el servicio, no obstante, Nadro demandó entonces el pago de 200 millones por servicios prestados.
