Luego de que la magistrada, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, consideró apegada a derecho la resolución del juez, Ramón Villanueva Uribe, que rechazó imputar al edil de Ocuituco, Juan Carlos Espinoza, acusado de violencia intrafamiliar en agravio de su esposa Aquilina García y su hija de siete años, la litigante y activista consideró un retroceso legal el criterio adoptado por el juzgador que argumentó su resolución en que los ediles cuentan con fuero constitucional.                                                       

Expresó que los Poderes Ejecutivo y Legislativo han logrado avances en la defensa de los derechos humanos y contra la violencia a las mujeres, pero “¿qué pasa cuando llegamos al Poder Judicial, quién tiene que juzgar y sancionar? Nos frenan nuevamente, entonces no estamos avanzando”.

Consideró que el TSJ envía a la sociedad un mensaje de impunidad y evidencia respecto a que hay una desigualdad en el acceso a la justicia, siendo las mujeres violentadas las más afectadas. 

“Todo esto que se ha caminado ahorita es un revés que nos pone en peligro, lo que está haciendo la licenciada, con todo respeto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, es ponernos en el supuesto de una alerta de género cuando hay leyes que atentan o frenan la igualdad”.

Delgado Díaz, también presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación de Abogadas de Morelos, consideró absurdo procurar la protección constitucional a un servidor público que cometió un delito en agravio de su propia familia y cuya situación no está vinculada al ejercicio de la función pública, salvo por impunidad generada por ostentar el cargo de presidente municipal.

Indignada por el curso de este caso, refutó el argumento del juez Villanueva Uribe y de la misma presidenta del TSJ respecto a que los alcaldes mantienen el fuero, debido a que no les es aplicable retroactivamente en perjuicio la reforma que eliminó la protección constitucional a los integrantes de los cabildo. 

“El quitarle el fuero al presidente municipal de Ocuituco no es dañarlo sino ponerlo en igualdad de circunstancias, en este caso con la señora Aquilina, quien también debe ser protegida por la ley”, dijo”.

“La Constitución en artículo 14 dice que no se puede aplicar una ley en perjuicio de persona alguna, pero el quitarle el fuero, que es una prerrogativa para que nadie te acuse penalmente, porque este es el caso, no quiere decir que te esté perjudicando porque al final de cuentas tú tienes las mismas armas para ir ante las leyes, ante los juzgados, para que te juzguen si eres culpable o no, pero el criterio utilizado está equivocado”.

Indicó que los jueces están facultados para ejercer el control de constitucionalidad o convencionalidad para in-aplicar leyes y preceptos que atenten contra los derechos humanos, y por lo tanto el juzgador que rechazó imputar al edil debió haber sido más escrupuloso y no dejar en la indefensión a la víctima.

Lamentó que el TSJ envíe a la sociedad un mal mensaje y sobre todo que ponga a Morelos a un paso de la Alerta de Violencia de Género, ante la falta de perspectiva de género en las resoluciones judiciales y la falta de acceso a las mujeres, a la justicia.

“Nos pone mal, y sobre todo al propio estado de Morelos lo está poniendo en riesgo para ser considerado un estado donde se necesita aplicar la alerta de violencia de género, en este caso por la mala interpretación de sus leyes, en perjuicios de las mujeres violentadas”, afirmó.

En este contexto, la abogada Delgado Díaz llamó a realizar foros para analizar las leyes y tratados internacionales “para que esto no vuelva suceder, donde las mujeres nos topemos con una pared y no tengamos acceso a la justicia”.