La mujer arribó a Cuernavaca para solicitar una audiencia con el gobernador  y su esposa para exponer su caso, y apelar su intervención ante el posible tráfico de influencias que impide que su todavía esposo enfrente a la justicia por la sistemática violencia ejercida hacia ella y su menor hija.

Narró que contrajo nupcias en el 2007 y desde antes de que Flores Espinosa se convirtiera en alcalde, ella ya era víctima de violencia, la cual asumía con resignación, sin embargo, al convertirse en presidenta del DIF Municipal, entendió que la violencia no era normal y que tenía que romper con ese círculo que amenazaba su vida y el bienestar su pequeña hija.

“Yo apreciaba, amaba mucho a mi esposo, y yo veía como unas acciones cotidianas que él me maltratara, pero a raíz de que él toma protesta empieza a cambiar radicalmente, da un giro de 180 grados, donde bueno ya no me maltrataba cada mes ya lo hacía diario”, dijo.

Señaló que ella y su hija han sido víctimas no sólo de violencia física, sino psicológica y patrimonial, por lo cual en mayo pasado decidió salir del hogar conyugal, pero desde entonces ni siquiera ha podido recuperar sus pertenencias personales.

Explicó que inició una denuncia penal y un juicio civil contra el edil por la sistemática violencia ejercida hacia ella y su hija, y para obtener la disolución del matrimonio y conservar la custodia de la menor, sin embargo, los jueces no sólo han rechazado someter a proceso penal al edil sino que le han negado las medidas de protección para evitar amenazas y nuevas agresiones físicas.

“Todos los bienes los disponía él, hasta para sacar el automóvil tenía yo que pedirle permiso porque el señor tenía las llaves; (daño) económico porque el señor no me daba ni un peso, hasta la despensa iba y la hacía él, hasta la ropa nos la elegía él. Siendo presidenta del DIF tampoco me pagaba porque decía que el cargo era honorífico, y tenía que hacer yo una labor, una labor muy bonita de la que yo no me arrepiento, porque a raíz de eso tomo la decisión de ya no aguantar más este ritmo de vida en que podría terminar en un desenlace en el que me podría matar”, detalló.

La mujer apeló a la sensibilidad de la esposa del gobernador y del mismo titular del Poder Ejecutivo, en virtud de que hay una presumible protección hacia el edil de algunas autoridades judiciales, porque el propio juez penal argumentó que no podía sujetar a proceso penal al edil porque tenía fuero constitucional.

“Con esas palabras dice el juez no es posible vincularlo hasta que termine su periodo, y si el señor llega a ocupar otro cargo político seguirá teniendo fuero”, señaló, y recalcó que “yo tengo conocimiento, muchos tenemos conocimiento de que ya no existe el fuero, sin embargo, ante el criterio del juez sí existe el fuero”.

Y efectivamente desde el 23 de enero de 2013 entró en vigor la reforma y adición a los artículos 40 fracción XLI y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por las cuales se retiró el fuero a los alcaldes y regidores de los ayuntamientos, quienes desde entonces son susceptibles de enfrentar procesos penales y ser destituidos sin necesidad de la intervención del Congreso.

La víctima indicó que sus abogados han apelado la determinación del juez que rechazó someter a proceso penal al edil y tomarán las medidas legales necesarias para efecto de que les sean concedidas las medidas de protección y salvaguarda.