En rueda de prensa, líderes empresariales hicieron un recuento de la labor que realizaron y los obstáculos que se presentaron en la administración que encabezó Marco Adame Castillo, quien la regresó y no la aprobó,  para que por fin este año, aún con algunos retrasos, se pudiera aprobar la ley y emitir la convocatoria que daría paso al Consejo Estatal de Participación Ciudadana, que estaría conformado por 15 integrantes de la sociedad civil organizada (tres por cada distrito electoral) y que el pasado 25 de junio en menos de cinco horas, la comisión del Congreso cancelara la creación de dicho consejo.

“Nos sorprendió cómo el secretario de gobierno fue minucioso y escrupuloso en analizar la ley y la convocatoria, y publicarla, pero para cancelar la conformación del consejo sólo se tomaron de tres a cuatro horas para hacerlo, cuando ya teníamos más de dos mil 200 firmas ciudadanas con credencial de elector para participar en la integración del consejo”, señaló Salgado Ponce, voz cantante de la inconformidad de los empresarios de Morelos.

Es por ello que decidieron ampararse de manera indirecta ante un acto violatorio por parte de las autoridades y en detrimento de la sociedad, con la participación de cinco cámaras que fueron las que interpusieron dicho amparo, así lo confirmó Rodolfo de la Mora, asesor jurídico de los empresarios, quien destacó que se trata de un acto no fundado ni motivado y excede las facultades que una autoridad puede realizar, señalando que lo que se busca con estos amparos interpuestos por  Coparmex, Canaco, Consejo de Hombres de Negocios, Asociación de Hoteles de Morelos y Consejo Coordinador Empresarial, es que se restituyan las garantías ciudadanas y que siga la convocatoria para elegir a los integrantes que conformarían el consejo estatal ciudadano.

Por su parte, Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara nacional de comercio (Canaco) de Cuernavaca, enfatizó que su inconformidad no tiene tintes políticos ni nada qué ver con el tema electoral próximo a iniciarse; sino con un trabajo “que venimos haciendo desde hace muchos años y que lo que pedimos es respeto a ese trabajo; porque no queremos derrocar a nadie, sino que la sociedad participe en las decisiones que toman las autoridades, porque es una figura que está contemplada en la ley”.

Finalmente, Juan Carlos Salgado enfatizó que un acuerdo de comisión, como fue el que se firmó para echar abajo la convocatoria, no puede estar por encima de un acuerdo que se tomó en el Pleno, por lo que responsabilizó directamente a la próxima presidenta de la mesa directiva del Congreso, Lucía Meza y a demás autoridades que resulten responsables de haber avalado esta decisión.

Además de los amparos indirectos, los empresarios señalaron que seguirán otras estrategias mediáticas y jurídicas que están analizando y que en su momento se darán a conocer; aclarando que ellos no tomarán las calles, sino que se irán por la vía legal. 

“Nos sentimos ofendidos porque esta ley y lo que sería el consejo, se trabajó con el legislativo, todos sabían y leyeron de qué se trataba, nada se hizo en lo oscurito y lo que procede no es la abrogación, sino la armonización de la ley para que podamos retomar el camino”.