Con lo anterior, se confirmó que el Poder Legislativo no garantizó el derecho de los ciudadanos morelenses a hacer valer su derecho de convocar a un referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa ciudadana.

Es que el Congreso del estado debió armonizar la Constitución local, en su artículo 19-Bis, con la Ley de Participación Ciudadana de Morelos, a fin de establecer claramente cuál sería el órgano que validaría alguna solicitud ciudadana, pues sólo se estableció en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 78, la facultad del Instituto Electoral local de organizar, coordinar y computar los votos, en el caso de las figuras de referéndum y plebiscito.

Lo anterior, con la justificación de que se contrapondría con lo que determina la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que determina en su artículo 104 la facultad de los estados para designar a los órganos de participación ciudadana.

El diputado priista Manuel Agüero Tovar, coincidió con la actual coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucía Meza Guzmán, en el sentido de que es necesario reformar la Constitución local en su artículo 19-Bis, sin embargo refirió que no es necesario abrogar la Ley de Participación Ciudadana, sino más bien reformarla para dejar claro qué órgano se hará cargo de aplicar dicha legislación.

No obstante, refirió que no debe forzosamente crearse un consejo de participación, pues duplicaría las facultades del actual Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana.

En tanto, el diputado perredista Jordi Messeguer Gally, también contradijo a su compañera de bancada, al afirmar que sería un "error" abrogar la ley por la que tanto luchó el PRD para garantizar menor participación de la ciudadanía.

Aunque el legislador local dijo que sí se limitó este derecho, al no dejar claro qué órgano se hará cargo de hacer valer este derecho.

Mientras tanto, el panista Javier Bolaños Aguilar afirmó que sólo se trata de un intento del sol azteca por limitar a la sociedad y no exigir que el actual gobernador del estado Graco Ramírez cumpla con su compromiso de someter a consulta su permanencia al cumplir dos años en el cargo.

No obstante, fue determinación del Congreso del estado y no de una sola fuerza política la de cancelar la convocatoria para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y la creación del nuevo código electoral.